Las Altas Cortes, en la mira

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Como no pasaba hace años, la imagen de las altas cortes está en su peor momento. Escándalos como la existencia de un presunto ‘Carrusel de Pensiones’ han puesto en la mira de la opinión pública a las honorables corporaciones por el supuesto nombramiento de magistrados auxiliares, contratados por un corto periodo, para que pudieran acceder a millonarias pensiones.

Esta vez las cortes no parecen tener un apoyo generalizado como el que sí tenían cuando en el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, eran víctimas de serios cuestionamientos. El asunto ahora es distinto.

Centradas en el Consejo Superior de la Judicatura, las denuncias de este escándalo afirman que los magistrados habrían, a propósito, permitido que allegados terminaran beneficiados con una pensión alta. Por este caso, la contralora General de la República, Sandra Morelli, abrió procesos de responsabilidad fiscal y ordenó embargar a nueve integrantes y exintegrantes de esa Corporación.

Y mientras los juristas involucrados preparan su defensa y hasta anuncian tutelas contra la Controlara por violación al debido proceso, la credibilidad de quienes administran justicia -o por lo menos su imagen- se ha visto afectada.

No obstante, este escándalo tiene un matiz que el analista Pedro Medellín Torres expone así: “sí, claro se afecta la credibilidad, la buena imagen de las cortes en la opinión pero no se puede generalizar”.

Rechazan denuncias

Todos los integrantes de las altas cortes (salvo de la Constitucional) han manifestado públicamente su rechazo a estas denuncias -algunas anónimas- considerando que la generalización del ‘Carrusel de Pensiones’ lo que está haciendo en realidad es alimentar un juego político que pretende desacreditarlos de forma sistemática.

Así lo afirmó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, quien no dudó al asegurar que lo que se pretende es intimidar por ejemplo a la Corte Constitucional que en este momento estudia una demanda que afectaría directamente las pensiones de los congresistas.

Y es que esta semana cuando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes anunció que se abrieron investigaciones preliminares contra casi todos los magistrados próximos a pensionarse de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no se hizo énfasis en que entre los involucrados hay personas nacidas en la época de los 70 que no están todavía ni siquiera cercanos a recibir pensión.

Este hecho tiene particularmente molestos a varios magistrados de la Corte Suprema que ya anunciaron que estudiarán el origen de las denuncias para determinar si hay lugar a medidas de carácter penal por calumnia.

De hecho, el jueves pasado el magistrado Bustos tenía en sus manos notas de prensa de varios medios nacionales con los comentarios de los ciudadanos resaltados: casi todos eran insultos. Su molestia se basaba en que la generalización de éste tema “es lesiva para la integridad moral de los magistrados de la Corte”.

“A mí me parece que no se puede irresponsablemente, como hacen algunos, estar sindicando a todas las Corporaciones de irregularidades que no existen y esta semana vimos como un anónimo atacó a todos los magistrados y por supuesto hay una tendencia a generar confusión, a buscar que todos entren dentro de la misma colada”, consideró el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández.

Ahora bien, lo que los integrantes de las altas cortes consideran una jugarreta política y que es para voceros del Polo Democrático una revancha de la clase política y del Ejecutivo contra la Rama Judicial, es para otros un proceso que debe seguirse con atención.

“Siempre que la Comisión abre una investigación se puede pensar que se trata de una persecución política pero la verdad yo no lo percibo así. Las denuncias que hay se deben tramitar, por supuesto que se investiguen a la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Judicatura no se ve bien pero así está diseñada la Constitución”, dijo Medellín, al estimar que la Carta Política determinó que la Comisión es el juez natural de los magistrados.

“La Constitución ha señalado que las Cortes deben tener control porque en un Estado de Derecho no hay ningún organismo que no tenga y es la Comisión de Acusaciones y de ahí a pensar que hay una persecución política desde el Congreso yo no lo veo así”, reiteró.

Otro round

Mientras la imagen de las cortes está en duda ante la opinión pública por esas presuntas irregularidades, el trámite de la Reforma a la Justicia ha enfriado las relaciones de las Corporaciones con el Ejecutivo debido a la decisión del Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Suprema de retirarse del debate por considerar que no son escuchados en el recinto del Congreso, que sus propuestas no han sido acogidas en el articulado y que hay varios aspectos en el texto que pondrían en peligro la independencia de la Justicia.

Los juristas están abiertamente en desacuerdo que la posibilidad de que a notarios y abogados se les otorgue facultades jurisdiccionales para descongestionar la Justicia y que esa medida –que sería provisional- sea elevado a rango constitucional, aspecto que el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, y el representante a la Cámara Alfonso Prada han defendido por todo el país, en foros, con insistencia.

Aspectos como el Habeas Iuris, la ampliación del periodo de los magistrados, la concentración de la facultad nominadora para elección de Procurador General de la Nación en manos del Presidente de la República, la eliminación de la Sala Administrativa de la Judicatura y el presupuesto destinado a la Rama tiene en orillas opuestas al Gobierno y a las Cortes.

Ahora bien, una mirada diferente y no polarizadora expuso el jurista y columnista, Ramiro Bejarano, para quien este proyecto, nacido en el Gobierno anterior, no tiene ideología clara y es más bien el resultada de una “torta envenenada” que se repartió por igual entre cada una de las ramas de poder.

“El gran problema que tiene esta reforma es que se hizo entre el Gobierno y los magistrados, es una reforma hecha para acomodar los intereses de cada parte y se les olvidó lo importante de la reforma que era la Justicia”, dijo.

A su juicio es un absurdo y un problema ético que haya sido propuesta de las Cortes la ampliación del periodo de los magistrados de ocho a 12 años y que los magistrados no hayan aún hecho una declaración vehemente señalando que esta posición, de aprobarse, no afectará a los actuales integrantes de las cortes. Hasta el momento, el articulado lo señala en un parágrafo transitorio.

“Aquí las Cortes tienen responsabilidad en el sentido que han propuesto unas cosas pensando en ellos y ese es un tema que hay que pensar porque no puede consistir en que discutamos todos los temas menos el problema de la Justicia. Esperaría que los actuales magistrados hubieran dicho con claridad que por ningún motivo esa norma debe aplicarse a los actuales magistrados”, agregó.

Insalvables

Las evidentes diferencias entre las Cortes y el Gobierno parecen insalvables hasta el momento y mientras unos afirman que es que “las Cortes se ponen nerviosas” y otros que la Reforma “es una revancha”, la pregunta es si se van a tomar medidas ejemplares para mejorar la administración de Justicia que es, en principio, la motivación de la misma.