COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
En medio de sorpresas, críticas y hasta cobros de cuentas por la falta de apoyo a la paz, terminó ayer la vigencia que tuvo por un año el llamado fast track (vía rápida), o conocido como el mecanismo legislativo especial con el cual en el Congreso de la República se aprobaron las normas legislativas fundamentales para implementar los acuerdos a los que se llegó con las Farc para terminar el conflicto armado.
El fast track se gestó gracias a una reforma constitucional que se aprobó en el 2016 en el Congreso, en la cual se determinó que el mismo ayudaría a recortar los tiempos de trámite de los proyectos, tanto de ley como de acto legislativo en sus diferentes momentos en ambas cámaras.
Esa agenda inicial la lideró el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien tramitó, en cuestión de un mes, una ley que era clave para que las Farc se desmovilizaran: la ley de indulto. Beneficio judicial que no incorporó a aquellos (entonces guerrilleros), que hayan cometido delitos de lesa humanidad o graves crímenes de guerra.
Pasó igualmente una ley de tratamiento diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto armado.
En medio de unas sesiones extras, el Congreso aprobó la creación de la Justicia Especial de Paz, la cual fue la base jurídica para que se haga todo el procedimiento de los jefes de las Farc, como de aquellos exguerrilleros que debían ir allí, pero también miembros de la Fuerza Pública o agentes del Estado que hayan cometido delitos. También se aprobó, en ese momento, la presentación de terceros financiadores o promotores de violencia.
Una ley que también pasó en la primera etapa del fast track fue la que avaló la participación de seis voceros en el Congreso del movimiento político Voces de Paz, que representaron políticamente a las Farc, con voz, pero sin voto. Salió también aprobada la creación de las Farc como partido y la entrega, por dos periodos legislativo (2018-2022 y 2022-2026), de cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara.
Una reforma constitucional más que salió fue la referente a blindar los acuerdos de paz, esto lo que obliga es que los próximos tres gobiernos no podrán tramitar su reforma. En otras palabras, se cerró la puerta a volver trizas los mismos.
Salió además la ley que establece en el país el Estatuto de la Oposición, el cual desarrolla derechos que garanticen la plena participación de los partidos minoritarios.
También salió la reforma constitucional de cambios en el sistema general de regalías, con la cual se garantizó el traslado de, al menos, un billón de pesos para la construcción de vías terciarias, a la vez que en la misma se garantiza que haya recursos de forma anual durante los próximos 20 años para financiar la paz.
Una ley más tramitada y aprobada fue la que modificó la estructura de la Unidad Nacional de Protección, esta con el fin de permitir contratar nuevo personal, entre ellos exguerrilleros, para que sirvan en la protección de los jefes de las Farc que requieran esquemas de protección.
En los últimos cuatro meses se tramitó la llamada segunda ola del fast track. Logró pasar la reforma constitucional que asegura el monopolio de las armas por parte del Estado y combate a grupos armados ilegales como los paramilitares.
También, y en medio de muchos debates, se aprobó la ley estatutaria de la justicia especial de paz, norma que ya le da vía libre a la operatividad de la JEP, la cual ya tiene sus magistrados. La ley debe ser previamente avalada por la Corte Constitucional para que quede en firme.
Ya en el remate de la legislatura, esta semana, se dieron los principales reveses. El miércoles el Senado hundió la reforma política, proyecto de enmienda constitucional que se había radicado desde mayo, pero que se fue modificando y terminó disgustando a muchos sectores.
En un limbo jurídico en el último día del fast track quedó la reforma constitucional que creaba las 16 circunscripciones de paz, estas pese a que fueron aprobadas en la Cámara, su conciliación en el Senado presentó problemas. En su votación final tuvo 50 votos, pero se consideró como invalida para lograr pasar la reforma. Por ahora hay dudas sobre si ese era el límite de votos requeridos o no.
Se aprobó la ley del sistema de innovación agropecuaria, la cual igualmente hace parte de los acuerdos de paz en el tema agrícola, pero se quedó en el camino (aprobada en comisiones), la ley del sistema de adecuación de tierras.
Se hundieron en el fast track los proyectos de la adjudicación de baldíos, la ley del sistema nacional catastral multipropósito, el proyecto que buscaba reformar la ley de garantías en época electoral, la que buscaba dar un tratamiento jurídico especial a los pequeños cultivadores y la de sometimiento a las bandas criminales.
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