La JEP expulsó este año a siete exguerrilleros

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El retorno a la lucha armada fue el motivo principal para que a lo largo del año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretara la expulsión del sistema de siete exguerrilleros de las Farc que incumplieron su palabra luego de acogerse al sistema de justicia transicional. La última decisión fue anunciada ayer en la mañana y fue en contra de Leyder Noscué Bototo, alias Mayimbu.

“Ha faltado a su compromiso de no volver a alzarse en armas, como queda demostrado en su manifestación ante las autoridades indígenas tradicionales, reafirmando su interés de no ser parte del proceso de paz”, dijo el magistrado Óscar Parra durante la lectura del fallo que decidió su expulsión.

A lo largo de la providencia se mencionó en reiteradas oportunidades que parte del material que tuvieron en cuenta para dirimir su permanencia ante la justicia transicional fue recopilado de manos de las autoridades tradicionales indígenas que han detenido a personas que hacen parte de la organización criminal que dirige Mayimbu.

En la lectura de la providencia se reveló que el exjefe guerrillero irrumpió en una asamblea de la comunidad indígena y ante los presentes reconoció su calidad de comandante de las estructuras disidentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, lo que ha derivado en amenazas, asesinatos, desplazamientos y ataques contra miembros de la Guardia Indígena y comuneros.

El magistrado Parra relató que las autoridades ancestrales, amparadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales reconocidas constitucionalmente, han iniciado procesos y ordenado la captura de Mayimbu por “las desarmonías territoriales” que han generado su actuar delictivo.

Un hecho al que se hizo referencia ocurrió el 4 de febrero, cuando un grupo de hombres armados atacó el puesto de la guardia. Por cuenta de este atentado, ocho miembros que participaron en esa toma fueron condenados a 13 años de aislamiento temporal y los sentenciaron a recibir 38 fuetazos.

“Estas personas manifestaron durante el proceso de justicia propia que se encontraban al mando de alias Mayimbu y que había órdenes directas de que si había un intento de captura o control territorial ellos debían accionar todas las fuerzas de las armas”, dice un aparte de la providencia.

Por cuenta de esas detenciones, la Guardia Indígena fue declarada objetivo militar por las mencionadas estructuras subversivas. En la sentencia se habla de unos siete crímenes cometidos contra miembros de la Guardia que han derivado en unas 37 detenciones ejecutadas por autoridades tradicionales.

De acuerdo con lo recopilado por los nativos, el segundo jefe de la banda es Barbas y el tercero al mando es alias Indio.

Desertores del proceso

“El señor Noscué Bototo es un desertor del proceso de paz que, como lo declaró el tribunal para la paz, defraudó la confianza que el Estado y la sociedad colombiana puso en él, decidió volver a la guerra, retomar las armas y constituirse una vez más en una amenaza para la seguridad y los derechos de los colombianos, especialmente de las comunidades que hoy se ven afectadas por su actuar”, añade la sentencia.

No es la primera vez que la JEP emplea el término desertores para referirse a quienes decidieron rearmarse, incumpliendo su palabra tras acogerse al proceso de paz suscrito por el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc. Este año se dieron siete expulsiones, incluida la de Mayimbu: Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, el Paisa; Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich; Henry Castellanos Garzón, alias Romaña; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever y José Vicente Lesmes.

El grupo de expulsados más recordado es el de Márquez y compañía tras la divulgación a finales de agosto de un video en el que anunciaban el regreso a la lucha armada, así como la creación de “la nueva Marquetalia”.

“Todos los del video son desertores manifiestos. Están comunicando de manera inequívoca su decisión voluntaria y radical de oponerse al estado de derecho. La JEP no alberga a desertores manifiestos, solo está para aquellos que cumplen con los deberes de verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo en septiembre el magistrado de la Sección de apelación Eduardo Cifuentes.

Para ese mes el trámite del proceso fue manejado de urgencia por orden de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y se anunció su expulsión, así como la pérdida de beneficios económicos y jurídicos que llevaron, como ocurrió con Mayimbu, con el levantamiento de las órdenes de captura.

En libertad desde el 2017

Noscué Bototo, alias Mayimbu, había suscrito un acta de compromiso ante la JEP el 14 de marzo del 2017, un juez ordinario le concedió la libertad condicionada y posteriormente la libertad condicional.