La JEP, en la mira de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reveló este lunes su informe anual sobre los estados que tiene bajo examen preliminar, como Colombia, y dejó en claro que la forma como se aplique la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será primordial para determinar si hay mérito o no de abrir investigación formal.

Precisamente, la implementación del proceso de paz y especialmente la aplicación de la JEP, así como los ‘falsos positivos’, el desplazamiento forzado y el avance en las investigaciones sobre violencia sexual, siguen siendo los elementos que están bajo la mira de la Fiscalía de la CPI.

De hecho, el organismo internacional, que examina a Colombia desde 2004, anunció que seguirá en contacto con las autoridades colombianas al encontrar vacíos en la respuesta sobre sus requerimientos.

“La Fiscalía continuará examinando los desarrollos relativos al establecimiento e implementación de la JEP. En este contexto, la Fiscalía seguirá con atención la entrada en funcionamiento de la JEP, incluyendo la identificación de casos que serán escogidos para investigación y enjuiciamiento”, dice el informe.

En esta ocasión, el asunto de la Paz cobró mayor relevancia en el reporte porque el organismo ya ha señalado en comunicaciones enviadas a lo largo del año al país sobre la Ley de Amnistía y el Acto Legislativo 01 de 2017, ya avalado por la Corte Constitucional, que creó la Jurisdicción Especial para la Paz.

En primer lugar, asegura que la definición de responsabilidad de mando que se aprobó para los militares en el Acto Legislativo es contraria al derecho internacional y, por tanto, “podría frustrar los esfuerzos de Colombia por cumplir sus obligaciones de investigar y juzgar los crímenes internacionales”.

Esto, porque tal y como está planteada, “significaría que las personas con capacidad material de prevenir o de castigar los crímenes de los subordinados, y que hubiesen omitido hacerlo a sabiendas, podrían quedar impunes”.

Sobre los crímenes de guerra, la Fiscalía de la CPI cuestionó que se haya fijado como requisito legal que los mismos se hayan cometido de manera sistemática, ya que esto podría llevar a que se den amnistías a responsables de crímenes de guerra cometidas de manera no sistemática. “Un resultado así podría tornar admisible ante la CPI cualquier caso o casos que quedarán sin abordar”, advirtió la Corte.

También cuestiona que para que un caso pase a la JEP, se tiene en cuenta que la participación del implicado haya sido “activa o determinante”, por considerar que es una ambigüedad que podría permitir que no se investigue y se entreguen beneficios “a individuos responsables por contribuciones importantes a crímenes graves, aun cuando esta haya sido de manera indirecta o a través de una omisión culpable”.

El último reparo consiste en las sanciones que se contemplaron en la JEP como las “restricciones efectivas de libertades y derechos”. En este punto, la Fiscalía señaló que la efectividad de las penas dependerá de la naturaleza y los alcances de las medidas que, combinadas, formarían una sanción y si, en las circunstancias particulares de un caso, cumplirían adecuadamente los objetivos de la pena y brindarían una reparación a las víctimas.

“El cumplimiento de dichos objetivos también dependerá de una implementación efectiva de las restricciones de libertades y derechos, de un sistema riguroso de verificación, y de si su operacionalización con actividades que no forman parte de la sanción, como la participación en los asuntos políticos, no frustraría el objeto y el fin de la pena”, señala el reporte.

Falsos positivos: 29 oficiales en la mira

El otro gran asunto que ha involucrado el examen de la Fiscalía de la CPI dese hace varios años son los denominados ‘falsos positivos’, o muertes de civiles a manos de unidades militares que luego son presentados como guerrilleros muertos en falsos combates.

Desde el informe del año pasado, el organismo alertó que había cinco casos potenciales de apertura de investigación por ‘falsos positivos’ cometidos entre noviembre 2002 y 2009, que involucran a 29 oficiales de alto rango que estaban a cargo de Divisiones y Brigadas del Ejército Nacional.

Al respecto, señaló que, al parecer, “las autoridades colombianas han iniciado actuaciones judiciales contra 17 de los 29 oficiales militares de alto rango identificados, aunque hay información contradictoria respecto del estado de algunos de los casos informados”.

En ese sentido, “la Fiscalía espera recibir información detallada de parte de las autoridades colombianas respecto de los casos que presuntamente se estarían investigando, y sobre si se han tomado o se están tomando medidas investigativas concretas y progresivas”.

Los casos son

- La Primera División (Brigada 10), presuntamente cometió aproximadamente 146 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el departamento de Cesar.  

- La Segunda División (Brigada 30 y Brigada Móvil 15), presuntamente cometió aproximadamente 123 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2009 en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena.  

- La Cuarta División (Brigadas 7, 16 y 28), presuntamente cometió aproximadamente 224 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.

- La Quinta División (Brigada 9), presuntamente cometió aproximadamente 119 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2004 y 2008 en el departamento de Huila.  

- La Séptima División (Brigadas 4, 11, y 14), presuntamente cometió aproximadamente 677 homicidios conocidos como falsos positivos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Desplazamiento forzado

En este asunto, la Fiscalía de la CPI resaltó recientes condenas emitidas en el marco del proceso de Justicia y Paz al exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y a Salvatore Mancuso, entre muchos otros, que indican la existencia de patrones de desplazamiento forzado en algunas regiones por parte de estas estructuras.

Sin embargo, el organismo señaló que “hay limitada información disponible sobre medidas investigativas tangibles y concretas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación para investigar o enjuiciar a los altos mandos de las Farc por alegaciones de desplazamiento forzoso”. Además, señaló que si bien se anunció una macro imputación a miembros del Comando Central del ELN, la Fiscalía colombiana “todavía no dispone de datos específicos relativos a los alcances de la investigación”.

Crímenes sexuales y por motivos de género

El último aspecto del reporte anual de la Fiscalía de la CPI resalta igualmente sentencias contra jefes paramilitares por cometer actos de violencia sexual, pero cuestiona que los procesos a los líderes de las Farc-Ep y del ELN siguen en etapa de investigación.

En el caso de las Farc, si bien se anunció que se había completado una investigación que permitiría documentar 232 casos de crímenes sexuales cometidos, principalmente, contra menores en las filas de la misma guerrilla, se debe esperar porque el expediente sería transferido a la JEP una vez que esta jurisdicción esté operativa.  

El organismo internacional destacó el anuncio de una imputación similar al COCE y reprochó que no se le haya entregado información “específica sobre investigaciones o enjuiciamientos en curso o terminados contra agentes del Estado”.