JORGE GIL ÁNGEL
EFE|LA PATRIA|BOGOTÁ
El 26 de septiembre del 2016 siendo presidente Juan Manuel Santos y el último comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena un acuerdo de paz para dar fin a 50 años de conflicto armado. Cinco años después, la incertidumbre marca el camino de su implementación.
Aquel acuerdo sufrió su primer revés seis días después, cuando fue rechazado por estrecho margen en un plebiscito, lo que obligó a reabrir las negociaciones para un nuevo documento final que se firmó el 24 de noviembre del 2016 en Bogotá y es el que se está implementando, una tarea de 15 años.
Fantasías
Según el último informe del Instituto Kroc de la Universidad Notre Dame (Estados Unidos), especializado en estudios de paz y miembro del comité internacional de verificación del acuerdo, la implementación muestra una dinámica de pocos cambios, pero orientada a alcanzar metas de largo y mediano plazo.
Ese documento, presentado en mayo, apuntó que atrás quedaron los cambios acelerados en el proceso registrados en los primeros dos años, en los que se consolidaron compromisos de corto plazo, fundamentales para sentar las bases de la implementación.
"Por ahí han estado haciendo carrera opiniones de que ya el acuerdo se murió. No lo creo, son fantasías. Tampoco creo que este acuerdo ni ninguno otro se va a implementar nunca al 100%", expresó el profesor e investigador Alejo Vargas, del Departamento de Ciencia Política de la U. Nacional.
Paz con legalidad
Para implementar el acuerdo, el Gobierno del presidente Iván Duque, que esta semana ante la Asamblea General de la ONU tachó el acuerdo de frágil, tiene desplegada la política Paz con legalidad.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno recibió un rompecabezas de 6 mil fichas sin la figura que había que armar, pero consiguió recursos para la financiación y asumió un compromiso político para la implementación del acuerdo.
Una bandera del plan son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en desarrollo rural, atención a mujeres y etnias y sustitución de cultivos, dirigidos a 170 municipios afectados por la violencia.
Sin embargo, Vargas aseguró que en el primero y segundo punto del acuerdo de paz: reforma rural integral y participación política y apertura democrática para construir la paz no han avanzado mucho en los tres años del Gobierno.
Papel de los excombatientes
El mayor lastre de la implementación del acuerdo de paz ha sido la violencia contra exguerrilleros, pues desde entonces han sido asesinados 286, según el partido Comunes. Sin embargo, los exguerrilleros también han sido cuestionados por su falta de compromiso con la reparación de las víctimas, pues justamente esta semana hubo una polémica porque una senadora de Comunes, Sandra Ramírez, reabrió heridas en el país al decir que quienes estuvieron secuestrados tenían "comodidades a medida de las condiciones en que estaban".
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