La carta extraviada que enredó la extradición de Santrich

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La carta más importante de los últimos meses y la que no se podía perder, nunca llegó a su destino, el Departamento de Justicia de los EE.UU. La misiva definía el futuro de Jesús Santrich, el principal motivo de controversia entre la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz (JEP) y sobre el que la justicia de Estados Unidos está atenta.

La historia es de no creer. En pleno siglo 21 la carta enviada por correo certificado se extravió en Panamá, según lo reconoció la ministra de Justicia, Gloria Borrero.

Todo comenzó con el auto 059 que la JEP expidió en octubre del 2018 para que a través de los canales diplomáticos se le pidiera al gobierno de EE.UU. las evidencias con las que cuenta para pedir en extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte, el exintegrante de las Farc que se ha convertido en una verdadera papa caliente para el gobierno y la justicia.

Plazo

En el documento de la JEP se establecía un plazo de 40 días para que se hiciera llegar esa información que sería analizada por la Sala de Revisión para determinar si se aplicaba la garantía de no extradición o, por el contrario, era enviado a los Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico ya que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, estaría concertando el envío de 10 toneladas de cocaína a ese país.

El límite se cumplió el lunes, pero las autoridades estadounidenses no dieron respuesta, lo que generó una sospecha ya que esa justicia es la más interesada en que Santrich, actualmente recluido en la cárcel La Picota, responda ante un estrado.

La JEP revisó una y otra vez las radicaciones recibidas, pues no querían dar un paso en falso antes de pronunciarse al respecto sobre lo que en principio se consideró como un silencio de las autoridades estadounidenses. Al final de la tarde, ese organismo emitió un comunicado en el que advertía que no recibió el material probatorio solicitado dentro del plazo estipulado.

En Panamá

A su turno, empezaron las indagaciones y las consultas de los delegados del Ministerio de Justicia sobre la no contestación. El entuerto tuvo un final inesperado, el documento no llegó a manos del Departamento de Justicia porque se extravió en algún punto de Panamá.

La ministra, ante el asombro de muchos, tuvo que salir a dar explicaciones y de allí el país se enteró que esos trámites deben surtirse a través de correo físico y que para ello se requirieron los servicios de 4–72, la compañía de correos colombiana.

“Esto nunca había pasado. Me sorprendí con esa noticia, vamos a pedir todas las explicaciones a 4 - 72. Es inaudito”, explicó la ministra quien no dudó en manifestar que la culpa es de la firma postal.

La alta funcionaria dijo que entre Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantienen una correspondencia muy fluida, en especial en lo que tiene que ver con las solicitudes de extradición y todas deben ir por correo certificado.

A revisión

Voceros de 4 – 72 evalúan y realizan una trazabilidad de información del envío de la carta para establecer cuáles fueron las causas que generaron que la misiva se quedara en Panamá y no llegara a EE.UU.

“4-72 está obligado a garantizar la confidencialidad de la correspondencia, por lo cual, solo podrá remitir información del servicio prestado al Ministerio de Justicia en calidad de remitente del envío”, señaló la entidad.

¿Qué pasa con Santrich?

La JEP hace una revisión de lo acontecido y analiza las consecuencias jurídicas del hecho. Entre la baraja de posibilidades está el hecho de que posiblemente otorguen un nuevo plazo para que se alleguen las pruebas. De ser así, es innegable que la defensa de Santrich alegará e interpondrá recursos apelando al vencimiento de términos.

Para el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, ante un "infortunado incidente" como el ocurrido con la carta, la única solución jurídica posible es "volver a enviar la comunicación por el medio más seguro que garantice que llegue al lugar y así obtener la información respectiva”.

Sin embargo, lo que tendrá que definir la JEP es si, como lo solicitó la Ministra de Justicia, abre de nuevo el plazo para pruebas alegando un hecho fortuito o si toma su decisión con base en las pruebas recibidas hasta ahora.

Piden la renuncia

El tema, que ha sido calificado por distintos sectores como vergonzoso, provocó un tsunami de reacciones en el Congreso, al punto de que piden a Borrero que se aparte del cargo.

“Un episodio como este suscita toda clase de sospechas sobre la manera como el Ministerio de Justicia procedió. La ministra no basta con que dé explicaciones, sino que debe renunciar. Este es un hecho grave y en este momento el imperativo es que se cumpla el procedimiento”, sostuvo Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático

El constitucionalista Rubén Darío Henao sostuvo que el episodio demuestra una “incapacidad” del Ministerio de Justicia ya que, según dice, debía estar pendiente de este caso trascendental. “En consecuencia, si tuviera dignidad, la señora ministra ya había renunciado hace rato”, manifestó.

El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, declaró que es inverosímil, increíble e inaudito, que un documento de este tenor se haya podido perder, pero en especial la falta de profesionalismo en el Gobierno y no haber usado los causes de diplomáticos y de rigor. "Se debe actuar con seriedad en este tipo de asuntos”.