Juez emite orden de captura en contra exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El juez 45 de garantías ordenó medida de aseguramiento en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, a quien la Fiscalía le imputó seis delitos relacionados con irregularidades en la contratación en la Alcaldía del municipio guajiro de Albania, del que ella también fue mandataria. 

El despacho judicial consideró que Pinto, que no se presentó a la audiencia, es un peligro para la sociedad y que en libertad puede influir en los testigos que tiene el ente acusador. 

Concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación son los delitos que le endilga la Fiscalía

El proceso

La historia de este proceso se remonta a 2008 cuando Pinto estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de esa población. El ente acusador señaló que ese año ella junto con su exesposo Pablo Parra y su escolta Jean Hernández Erazo se aliaron para que este último se lanzara a la Alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales. 

“El trasfondo era que la contratación iba a ser manejado por Pinto. Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones”, explicó la fiscal y añadió que la procesada “organizó, promovió y conoció todo lo referente a esa organización criminal”. 

Ante el estrado durante la imputación de cargos el ente acusador señaló que los contratos que se investigaron, el 07 de agosto de 2010 y el 010 de marzo de 2011, pese a que las obras quedaron inconclusas, se cancelaron en su totalidad. 

El primero tuvo un valor cercano a los $5.675 millones de pesos, con una adición el 14 de diciembre de ese año por un monto de $1.575 millones. El segundo contrato fue suscrito por un total de 6295 millones. El total fue de 13.565 millones de pesos, monto del que la Fiscalía sostiene que hubo un detrimento de $5.981 millones.