EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó ayer a versión a dos generales retirados y 11 miembros de la liquidada central de inteligencia del Estado colombiano por su posible "participación o apoyo" a estructuras responsables de crímenes contra miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP).
Los llamados a la diligencia son los generales Rito Alejo del Río e Iván Ramírez, y el antiguo comandante de la Brigada XX de Inteligencia, coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, informó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en un comunicado.
La Jurisdicción abrió en marzo del año pasado el caso 6 acerca del exterminio de la UP, partido del que 1.620 militantes fueron "victimizados", según datos de la Fiscalía aunque otras organizaciones elevan ese número hasta más de 6.000.
Además, fueron convocados altos directivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la década de los 80 y 90 que tenían la obligación de proteger a los miembros de la UP.
Las versiones que iniciarán en febrero del 2021 contarán con la asistencia y representación de más de 150 víctimas ya acreditadas, dijo la JEP.
Pese a que las versiones fueron programadas dentro del caso 06, también están orientadas a avanzar en los crímenes cometidos contra dicha agrupación política en el Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño, Medellín y Urabá, en la década de los años 80 y 90, y de manera más reciente en Tolima.
Entre los casos abordados por los magistrados que llevan el caso 06 se encuentran los asesinatos de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1987 y el caldense Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.
También investiga los asesinatos de José Antequera, tiroteado en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, en marzo de 1989, atentado en el que a su vez resultó herido el entonces precandidato Ernesto Samper.
La UP nació en 1984 cuando la hoy desarmada guerrilla de las Farc inició una negociación de paz con el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.
La UP fue sometida a una campaña de exterminio, atribuida a grupos paramilitares y agentes estatales, que dejó unos 4.000 muertos, incluidos candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes, concejales y sindicalistas, entre otros.
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