EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó ayer el sometimiento del general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, para que responda por los casos de ejecuciones por los que es investigado.
En un comunicado, la Sección de Apelación de la JEP indicó que con la decisión de ayer aceptó el sometimiento, que se formalizó en octubre del 2018, a pesar de que los representantes de las víctimas presentaron recursos de apelación.
Además, se trasladó "el expediente del general a la Sala de Reconocimiento para que avance en el caso 003, relacionado con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y continúe con el reconocimiento de víctimas dentro del mismo".
Montoya, de 69 años, es el primer general del Ejército en someterse a la JEP para decir la verdad acerca de la información con la que cuenta la Fiscalía sobre unas 5 mil ejecuciones mediante las cuales militares presentaban a civiles inocentes como guerrilleros muertos en combate para obtener reconocimientos de sus superiores.
Durante la comandancia de Montoya se dieron grandes resultados en la lucha contra las Farc, entre ellos la Operación Jaque, que se llevó a cabo el 2 de julio de 2008.
Esta acción militar se desarrolló en las selvas del Guaviare y en ella fueron liberados la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 soldados y policías, algunos de los cuales llevaban 10 años secuestrados por las Farc.
Montoya lideró también la Operación Fénix, en la que fue bombardeado un campamento de las Farc en suelo ecuatoriano donde murió el entonces número dos de esa guerrilla, Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes.
Igualmente, fue de los mandos en la Operación Orión, con la que las autoridades buscaban expulsar de la Comuna 13 de Medellín a grupos ilegales y que, según organismos de defensa de los derechos humanos, dejó numerosos desaparecidos y se hizo en colaboración con grupos paramilitares.
La JEP es la columna vertebral del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc en 2016, y se encargará de juzgar los actos cometidos en ocasión del conflicto armado del país.
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