Intervención a las minas ubicadas sobre el río Sambingo, sur del Cauca

Desde la mañana de ayer, se adelanta un operativo por parte de las autoridades contra la minería ilegal en esta zona del Departamento. Grupos especiales del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército viajaron por aire desde Bogotá hasta Mercaderes para destruir la maquinaria usada para la extracción fraudulenta de oro. 

En el Cauca, las acciones de las autoridades contra el fenómeno de la minería ilegal no cesan: 600 uniformados de la Policía Nacional y Ejército adelantan un amplio operativo en el río Sambingo para destruir las retroexcavadoras que están en la zona y que son usadas para horadar el lecho del afluente en mención para facilitar la extracción de oro. 

Según fue informado por líderes de la zona rural de Mercaderes, epicentro de esta intervención, hasta el momento van destruidas cinco retroexcavadoras de las 70 que fueron detectadas mediante labores judiciales adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía y el grupo de Carabineros de la Policía Nacional mediante sobrevuelos en la zona. 

Esta amplia intervención es considerada como el segundo capítulo de la repuesta de las autoridades colombianas frente a esta actividad delictiva, la cual es la responsable de desaparecer un río completo en el país por culpa de la extracción descontrolada de sedimento, oro y el uso de elementos químicos como cianuro. 

El primer capítulo fue la captura de 14 personas, entre ellas ex funcionarios públicos de Nariño y un intendente de la Policía Nacional implicados en esta labor ilegal sobre este recurso hídrico y que en estos momentos permanecen en la cárcel por delitos relacionados con el daño al medio ambiente. 

Ahora, el reto es destruir esas retroexcavadoras que son la piedra angular de esta labor criminal, como está establecido en la ley colombiana. Por eso a las zonas conocidas como Cajamarca y Villa Torres, ubicadas en la ribera del río Sambingo, llegaron los integrantes de la fuerza pública para retirar a los mineros y proceder a la destrucción de la maquinaria, usando para ello explosivos. La meta es permanecer en el sitio por quince días y rescatar lo poco y nada queda del afluente. 

“Mercaderes ahora una especie de Torre de Babel. La gente que trabajaba en el Sambingo decidió salir una vez corrió el rumor que la ley llegaría al sitio. Ahora los pocos hoteles del casco urbano están repletos porque acá hay gente de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira y otros departamentos. Todos se dedicaban a la minería, por eso la alcaldía llegó al lugar y facilitó tres volquetas para trasladar a los trabajadores informarles desde los ‘entables’ hasta el pueblo”, explicó un funcionario público de la zona que optó por no revelar su nombre por temor a represalias del grupo al margen de la ley que está detrás de la ‘fiebre del oro’. 

Otros funcionarios públicos indicaron que son alrededor de 350 personas que salieron de las minas para no entrar en confrontación con la fuerza pública. Las que no salieron fueron las máquinas, las cuales fueron escondidas por los propietarios o maquinistas entre la tupida selva o en los socavones construidos en la falda de la montaña. 

“Las autoridades dicen que se van a quedar varios días porque están buscando las máquinas entre la selva cercana o las peñas que abrieron en la montaña para esconderlas y evitar su destrucción. En un solo día eliminaron cinco de estas retroexcavadoras. La gente que trabaja, entre ellos niños y jóvenes, pues salieron porque además se acabó el trabajo”, agregaron por su parte integrante de la Alcaldía. 

La intervención es peligrosa porque detrás de la extracción descontrolada de oro están los integrantes del frente Manuel Vásquez Castaño del Eln, grupo al margen de la ley que delinque en la zona al mando de alias ‘El Zorro’, insurgente que ordenó el cobro de un impuesto por cada gramo del preciado mineral sacado del lecho del río. En un día, según cuentas de la Policía, se extraen una libra de este valioso metal. El gramo alcanza un valor aproximado en el mercado de 95 mil pesos. 

Por eso, los funcionarios del CTI son acompañados por integrantes del Escuadrón Móvil de Carabineros, Emcar, de la Policía y soldados del Ejército para garantizar que esta ambiciosa intervención judicial que busca salvaguardar el medio ambiente se cumpla en su totalidad. Hasta el momento no se han registrado capturas. 

“En las minas hay personal de la Personería, de la Defensoría y del Icbf porque hasta los niños son usados para que trabajen en los ‘entables’, con la aprobación de los padres luego que llegaran de localidades como Tumaco, Tarazá, Pereira, Buenaventura, de todo lado, para encontrar una entrada económica. Claro, esa cantidad de gente ayudó a secar el río porque se trabajaba las 24 horas en los pozos que se formaban tras la acción de las retroexcavadoras, lo que dejaron fue un desierto”, agregaron las fuentes consultadas.