A interrogatorio dos generales implicados en escándalo de corrupción

 En enero serán escuchados en interrogatorio por un fiscal delegado ante la Corte Suprema los generales Néstor Robinsón y Nicasio Martínez aparentemente implicados en el supuesto desvío de recursos del Ejército en Antioquia. 

Así lo confirmó el Fiscal General, Eduardo Montealegre, esto en busca de establecer si tomaron las medidas necesarias para evitar los desvíos de dineros en contratos realizados por el Ejército. 

“La Fiscalía está investigando la responsabilidad de dos generales por lo que serán llamados a interrogatorio para que den explicación y determinar si tomaron o no las medidas adecuadas para evitar el desvió de dineros del erario publico”, dijo el Fiscal General. 

Los generales podrían ser investigados por el delito de prevaricato por omisión. “En la investigación otros 25 militares estarían siendo investigados y sobre ellos no tenemos competencia por lo que las indagaciones las adelanta la Justicia Penal Militar. Mientras tanto los generales deberán dar explicación si hubo algún tipo de prevaricato por omisión”, señaló el jefe del ente investigador. 

Según se pudo conocer ya se ordenó realizar unas diligencias de inspección y revisión de documentos donde se encuentran los reportes de los pagos adelantados por las empresas privadas al Ejército. 

Precisamente un comunicado de esa institución señala que la investigación que involucra a los dos oficiales trata de “verificar el almacenamiento de explosivos, las escoltas de transportes de los mismos y administración de los recursos de fondo interno en la Cuarta Brigada y el Batallón Pedro Nel Ospina con sede en la ciudad de Medellín”. 

Los recursos desviados habrían sido pagados al Ejército por empresas mineras que operan en Antioquia y contratan el servicio de escolta para el transporte de explosivos con las unidades militares del departamento. 

Los hechos materia de investigación corresponden a hallazgos realizados en los años 2012, 2013 y hasta el mes de abril de 2014 por el Grupo de Transparencia Institucional del Ejército e involucrarían a cerca de 30 militares.