EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Procuraduría destituyó del Ejército a Jorge Armando Pérez Amézquita, teniente coronel retirado del Ejército, y a otros cuatro militares por el asesinato del desmovilizado de las Farc, Dimar Torres Arévalo, ocurrido en 2019 en la región nororiental del Catatumbo.
La institución precisó que a Pérez Amézquita, entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército, lo "sancionó con destitución e inhabilidad general por 20 años" para ocupar cargos públicos por ser "determinador, provocador e instigador de la muerte" del exguerrillero Torres.
El asesinato de Torres, desmovilizado de las Farc tras la firma del acuerdo de paz en noviembre del 2016, ocurrió el 22 de abril del 2019 en la vereda Carrizal, perteneciente al municipio de Convención (Norte de Santander).
Los demás sancionados
Igualmente, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, por ser "el autor material del crimen".
Asimismo, destituyó e inhabilitó por 12 años a los soldados profesionales adscritos a la Compañía Alabarda Cuatro del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, Cristian David Casimilas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexánder Buriticá Duarte a quienes se les halló culpables de ser "cómplices de la conducta delictiva".
En fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la falta de los militares como "gravísima a título de dolo, por incurrir en graves violaciones" al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Una ejecución
En un comienzo el asesinato de Dimar Torres fue presentado por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, como consecuencia de un forcejeo con el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo. Sin embargo, la revista Semana reveló en octubre del año pasado un chat en el que el alto oficial ordenó matar al exguerrillero, a quien consideraba supuesto responsable de la muerte del soldado Pablo Emilio Borja, que hacía parte de su unidad militar.
La investigación demostró que el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, durante los días previos al asesinato de Torres, "impartió órdenes a sus subalternos para identificar al posible responsable de la muerte del soldado Borja y desde un comienzo "hizo explícita su intención de no judicializarlo, sino de matarlo y vengar de esa manera el hecho".
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