Imputan por ejecuciones a 4 coroneles y otros 6 militares

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 nuevos cargos del Ejército, entre ellos cuatro coroneles retirados, por "falsos positivos", que es como se conoce en Colombia las ejecuciones extrajudiciales de inocentes para presentarlos como bajas en combate, cometidos durante el conflicto en Antioquia.

Entre los imputados por el asesinato de 46 víctimas, según el auto emitido ayer por esta instancia especial, están cuatro coroneles en retiro: Jorge Alberto Amor Páez, David Herley Guzmán Ramírez, Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, todos ellos excomandantes de batallones, además de tres sargentos, dos mayores y un soldado profesional retirados.

La JEP, tribunal ad hoc para crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, señaló que se trata de un caso especial porque, a diferencia de otras imputaciones realizadas en otras regiones, en esta había muy pocas investigaciones por la justicia ordinaria y no había informes oficiales e incluso se habían destruido documentos operacionales.

"La investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP", explicó la magistrada en la lectura del comunicado.

Los imputados pertenecían al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), al Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79) y a la Brigada Móvil 11 (BRIM 11), que operaban en esta zona cercana al cementerio de las Mercedes en Dabeiba y donde la JEP estudia 508 posibles muertes violentas que podrían pertenecer a ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 1995 y 2008.

"La JEP constató la existencia de un conjunto de graves irregularidades en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, las cuales ayudaron a que, por años (desde 1982 y hasta 2010), se convirtiera en un lugar 'ideal' para perpetrar el crimen de desaparición forzada", dijo esta instancia.

Así, los imputados deberán responder por 23 hechos criminales en los que 46 víctimas fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate y también, como peculiaridad del caso, por el atentado contra un subteniente del Ejército, Jesús Javier Suárez, que cometieron las mismas fuerzas armadas para "generar terror en el seno del BCG-79 e intimidar a quienes quisieran oponerse o desvincularse de la empresa criminal".

También identificó tres patrones, muy similares a los de otros casos, como recordó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes: la estigmatización de "humildes campesinos" que fueron señalados de apoyar a la guerrilla de las Farc y luego fueron víctimas de desaparición u homicidio; el traslado de otros jóvenes similares de municipios cercanos como Medellín o Turbo, y el ocultamiento de los cadáveres en los cementerios de Dabeiba e Ituango.