Hay trashumancia histórica enquistada en los municipios: CNE

Katherine Vega 
COLPRENSA | LA PATRIA 

El Consejo Nacional Electoral anuló el 42,2 % de las inscripciones de cédulas para las próximas elecciones, en 1100 municipios del país; exactamente 1.605.099 inscripciones de documentos. Un hecho histórico con el que se pretende evitar la trashumancia electoral, el delito en el que muchos candidatos invierten ilegalmente, para ganar las elecciones. 

Sin embargo, Felipe García, vicepresidente del Consejo Nacional (CNE), máxima autoridad electoral, afirma que no se logró eliminar por completo este vicio y que quizás la única forma de hacerlo es reconstruir el censo desde cero. De esto, de la necesidad de hacerle una ‘cirugía’ al sistema electoral y de la responsabilidad que los partidos políticos parecen estar olvidando, habló con Colprensa. 

- Hay varias campañas de divulgación sobre qué es trashumancia electoral, pero aún hay ignorancia sobre el tema. ¿Qué es y qué implica? 
La trashumancia es la cuota inicial de la corrupción en materia electoral, porque es el primer pago que se le hace a un ciudadano, para que inscriba su cédula en un lugar distinto al que corresponde. Normalmente, por un candidato que está siendo puesto por organizaciones criminales, por políticos corruptos con el fin de erosionar el erario público. 

- ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en este primer ejercicio de cruce de base de datos para identificar la trashumancia electoral? 
Uno, acceder a otras bases de datos públicas por el formato en el que están. Dos ejemplos: una de las bases de datos que se pidió fue la de la Superintendencia de Notariado, o sea el registro de todos los inmuebles del país, para cruzarla con el censo. Y nos encontramos con que es una base de datos que no sirve, porque está hecha en función de la cédula catastral –la cédula del inmueble— y no en la persona. Y la base de datos de celulares, porque la mínima parte de los celulares son pospago, entonces no sirve la información. También hay dificultades de tipo técnico, así como dificultades con candidatos que empiezan a desvirtuar nuestro trabajo, al decir que nos equivocamos en las anulaciones. 

- ¿Desde hace cuánto se trata de contrarrestar este delito? 
Así como lo hemos hecho, desde este año. Nunca antes se habían examinado más de diez municipios. Antes se hacía con visitas físicas únicamente. 

- ¿Se logró eliminar toda la trashumancia electoral? 
No, porque no obstante que fue un trabajo gigantesco, sin precedentes, hay una trashumancia histórica enquistada y que no estamos tumbando con la expedición de resoluciones. En ciertos municipios esos traslados se han venido acumulando. Los buscan para cada elección y vuelven a pagarles. 

- ¿Por qué no la pudieron tumbar? 
Porque necesitaríamos mucho más tiempo para hacer esas investigaciones y mucho más presupuesto, que no nos quieren dar. 

- ¿Cómo se podría eliminar por completo la trashumancia? 
Una idea que propusimos en una invitación que nos hizo la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es la del Censo Cero. Usar los próximos dos años para reconstruir el censo electoral de cero, en una época en la que no hay elecciones, es decir, pasadas estas y hasta un año antes de las elecciones nacionales. 

- ¿Qué ha pasado con los otros delitos electorales? 
No es solamente el Consejo Nacional Electoral el que está dando una lucha frontal contra la trashumancia, sino es todo el Estado. La Fiscalía ha hecho un trabajo muy importante: especializó y preparó a 150 personas exclusivamente dedicadas a los delitos electorales, eso tampoco existía en el pasado, lo que le ha permitido, un mes antes de las elecciones, dar unos resultados impresionantes. Lo mismo se predica en la Procuraduría, descubrimos el tema del Sisbén, entonces hay conductas que deben ser investigadas no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista disciplinario. 

- El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo afirma que pese a todo este esfuerzo institucional, si los partidos no hacen bien sus filtros no se lograrán esas elecciones transparentes que todos quieren, ¿cree lo mismo? 
Hemos constatado que todas estas acciones combinadas del Estado contribuyen a que podamos tener unas elecciones más transparentes. Sin embargo, como lo afirma el señor vicefiscal, es una mayor responsabilidad del ciudadano y su empoderamiento, el instrumento más importante para combatir la corrupción política. Buena parte de los resultados que puede mostrar el Consejo Nacional Electoral se debe a que los ciudadanos se han convertido, junto con la organización electoral, en guardianes de la democracia. 

- ¿Qué les pasará a los partidos políticos por ese gran número de candidatos que presentaron para estas elecciones y que resultaron con inhabilidades? 
Cuando pasen las elecciones lo primero que vamos a hacer es abrirles investigaciones a todos los partidos políticos por presentar candidatos inhabilitados. Está la ventanilla única, para eso, para que los propios partidos hagan el filtro, entonces no existiría justificación para que presentaran esa cantidad de candidatos, especialmente los condenados a pena privativa de la libertad por delitos distintos a los culposos o políticos o con sanciones disciplinarias. 

- Son más de mil candidatos revocados, ¿se tendría que agregar otro filtro, además de la ventanilla única, para que ellos cumplan con su responsabilidad? 
Puede ser, aunque los estatutos de los partidos deberían contemplarlos. Eso trae otra discusión: si a medida que se van haciendo más exigentes las condiciones para ser candidato, se le cierran posibilidad a la gente. En una democracia se supone que, en teoría, cualquiera podría ser elegido. Entonces el equilibrio no es fácil. 

- La Misión de Observación Electoral afirma que es necesaria una modificación de la arquitectura electoral. ¿Lo es? 
Es muy importante, y sí hay que hacerla. Insistimos en eso. Empiezo por decirle que el Código Electoral es un decreto del año 86, es aún anterior a la Constitución del 91. Nuestra legislación no está acorde con el tipo de elección que hacemos. Entonces hay que hacerle una ‘cirugía’ a nuestra legislación electoral. Eso incluye volver a revisar los tiempos, porque los términos en materia electoral son improrrogables, no podemos decir “es que no alcancé, entonces corramos las elecciones una semana”, que es un poco más o menos lo que pasa en Venezuela. 

- ¿Cómo debería ser esa arquitectura? 
Uno de los cambios importantes es el cierre de la inscripción de cédulas, se debería cerrar antes. Debería haber, también, un límite a la fecha de presentación de solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos. No puede ser que el 24 de octubre sigamos recibiendo una solicitud de revocatoria, eso no tiene sentido. Pero como la ley no establece un término, tenemos que seguir estudiando y recibiendo las solicitudes que nos vayan llegando. 

- ¿Y sobre la escogencia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral? 
Esa es una de las debilidades del esquema institucional, visto desde afuera. Básicamente porque a los magistrados los elige el Congreso en pleno, de listas o coaliciones presentadas por los partidos políticos representados allí. Las críticas son: primero, qué pasa con los partidos que no tienen representación en el Congreso o tienen una tan chiquita que no pueden alcanzar a coger un magistrado. Segundo, la independencia de los magistrados frente a los partidos, si nosotros vigilamos, inspeccionamos y sancionamos a los partidos políticos, pero al mismo tiempo somos elegidos por ellos. Se tiene que hacer un cambio en el origen de la elección de los magistrados, sin eliminar a los partidos del todo, porque finalmente el tema es político. De hecho estamos llevando un foro por todo el país con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevando la idea de cómo podría ser el Consejo Nacional Electoral. 

- ¿Cómo podría ser? 
El origen se debería dar en la academia y en los partidos políticos y que vaya a un concurso que termine en el Congreso. Se elegirían a 18 ganadores del concurso de méritos, para que, de estos, el Congreso escoja nueve.