"Habrá que tragarse el sapo de una alta impunidad luego de acuerdo con las Farc": Alejo Vargas"

El profesor Alejo Vargas Velásquez es un doctor en Ciencia política que encabeza el Centro de pensamiento y seguimiento del proceso de paz en la Universidad Nacional. Sus opiniones se publican con frecuencia en medios de comunicación, como analista y columnista, y el jueves pasado estuvo en Manizales en un foro sobre los diálogos que adelanta el Gobierno con las Farc, ante los cuales se declaró optimista.

Su experiencia lo lleva a concluir que, a diferencia del proceso en San Vicente del Caguán, en esta ocasión sí hay posibilidad de alcanzar un feliz término, debido a lo que considera una derrota estratégica de la guerrilla, al fortalecimiento del Estado y a un contexto internacional diferente, en el que los gobiernos de izquierda marcan la pauta para entender que buscar fines políticos por medio de las armas es un método desueto. Además destaca que la agenda, restringida a seis puntos, se torna viable.

Óscar Tulio Lizcano dice que, más importante que una agenda delimitada, se debe analizar si las Farc tienen la actitud de negociar en serio. ¿Cree que la guerrilla es sincera?, sobre todo porque ha dicho que no ha despojado tierras ni tiene que pedir perdón...

Creo que hasta ahora ha mostrado una disposición positiva. Hablar de sinceridad es mucho más difícil. Sobre el perdón, es un tema que llegará cuando el punto de víctimas entre a la mesa. No esperemos que ellos, antes de tiempo, hagan reconocimientos que seguramente harán en su momento y que tendrá que hacer también el Estado.

Históricamente las Farc han aprovechado las negociaciones para reorganizarse, e incluso rearmarse. ¿Es factible que eso esté pasando?

Mantener la ofensiva militar es una manera de presionar en la mesa y de evitar que esas cosas se den. Por eso el Gobierno no acepta el cese al fuego bilateral, pues solo sería al final de las negociaciones, si hay acuerdo.

Contó como anécdota que al terminar el foro agrario, en diciembre pasado, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, le confesó que solo hasta ese momento había entendido que la tierra para los afros tenía un valor más allá de lo comercial, distinto a lo que pensaba ese gremio. ¿Qué más es lo que deben entender las élites colombianas para que en un futuro contribuyan realmente con la consecución de la paz?

Que también deben poner su cuota en la reconciliación y el posconflicto. No se trata de una responsabilidad del Gobierno. Que así como hoy pagan impuestos para la guerra, también paguen impuestos para la paz durante un buen periodo. Hay un sector que lo viene entendiendo; pienso en Luis Carlos Villegas, en Nicanor Restrepo... Más allá de lo económico, deben asumir que este país no puede ser la democracia elitista del siglo XIX, que se requiere aceptar la diversidad y nuevas opiniones y fuerzas políticas, y entender que con ellas también se puede convivir.

¿Entonces qué prever con la actitud que ha tomado Fedegán, que es una élite fuerte?

Representa el 17 % del sector agropecuario, pero no a todos los ganaderos. Dividirlos sería la tentación, pero no se trata de eso. Es un sector con el que hay que trabajar, hacer un gran esfuerzo de pedagogía, de entender que son importantes para el posconflicto, pero que su actitud no puede la de desconocer al otro, sino de aceptar que estamos en una realidad política diferente, y en ese contexto pueden ayudar a conseguir una democracia más pluralista e integradora.

Plantea que este no es el momento para que las víctimas intervengan en la mesa. ¿Cómo debe ser la mecánica cuando llegue la oportunidad?

Pienso, y no necesariamente será así, que tendrán un escenario de participación parecido a lo que fue el Foro agrario. Tendrán que encontrarse de frente y verse a los ojos mutuamente las víctimas de las Farc, del Estado, de los paras y otros actores. Deberán entender que el problema no es solo enjuiciar al victimario, sino cómo también jugar un papel buscando el máximo de verdad y reparación. No significa que deben tomar un avión rumbo a La Habana. Allá no irán, es casi seguro. La verdad y la reparación comienza una vez se firme el acuerdo, no antes.

¿Se puede hablar de tiempos concretos?

El acuerdo diría que se hace un armisticio, se sitúan las fuerzas en determinados lugares y comienza un proceso de movilización de las víctimas a partir del que empieza el conocimiento de la verdad, que será de meses y años. En el ambiente hay una mirada de vindicta, pero espero que haya un manejo más racional, con lo difícil que es ponerle racionalidad a esto, que guarda un componente emocional muy fuerte y entendible. Las víctimas serán importantes para contribuir con la sanción social de los hechos violentos, pero también para construir un escenario de reconciliación.

Habla de verdad y reparación. En cuanto a lo judicial, ¿qué tomar y qué no de la experiencia con los paramilitares?
Ese proceso dejó una gran preocupación por la investigación judicial. Dice la Fiscalía que hay cerca de 50 mil delitos confesados, pero solo siete condenas. Ahora hablamos de un conflicto de 50 años, serán 100 mil delitos, que en la práctica es imposible de asumir. Por eso la investigación judicial solamente será válida para casos emblemáticos. Eso llevará a que, como sucede con estos conflictos, el componente de impunidad sea muy alto. Será un sapo complejo que habrá que tragarse. Lo demás será un trabajo de investigación de la verdad histórica, que no es la verdad judicial sino la que pueda hallar una comisión para explicarles a las víctimas y a la sociedad por qué pasaron estas barbaridades. Tratar de lograr una sanción individualizada está absolutamente fuera de toda realidad porque no hay capacidad institucional.

Teniendo en cuenta esa incapacidad, ¿qué se debe hacer con los desmovilizados?

Deben ser útiles algunas enseñanzas de la desmovilización de los paramilitares. Por ejemplo, procesos de localización de tropas, de desmovilización y luego de tratamiento en lo penal y lo psicosocial. Aquí habrá un componente diferente si muchas adquieren la característica de desmovilizaciones colectivas rurales, pues mucho de esto se podría resolver por la vía de asignación de tierras en determinadas regiones. Habrá un componente muy grande de gente que quiera irse para la ciudad, hacer política, etc., que requiere otros tratamientos. La Consejería para la reintegración tiene una buena experiencia acumulada.

Usted dice: “hay que acabar con el conflicto armado para continuar con los problemas comunes de la democracia”. ¿Dentro de esos problemas comunes se incluyen entonces las Bacrim, o a futuro también habrá que darles un tratamiento particular?

Cuando el general Óscar Naranjo aún era director de la Policía decía que “las Bacrim son la expresión del narcotráfico en la hora actual”. Es algo que, en buena medida, tiene que ver con la debilidad del Estado. Pregúntese por qué en Ecuador, nuestro vecino, no se han desarrollado tanto los cultivos ilícitos. Están en Bolivia y Perú por razones históricas, y Colombia. Lo que un proceso de negociación del conflicto debe lograr es fortalecer el Estado, no simplemente con más Policía, sino con más presencia en las regiones de jueces, médicos, maestros… Un Estado fortalecido enfrentará mejor estas organizaciones. A lo mejor, y esta es una opinión, a esos grupos habrá que ofrecerles alternativas penales que permitan un menor desgaste institucional.

¿Cree que alcanzará el tiempo? Porque, según plantea, este proceso no aguanta una campaña electoral como la que se viene.

Si no va a haber paz, creería que los diálogos se romperán porque el Gobierno no asumirá el costo de llegar a una campaña electoral sin un futuro claro para el proceso. Por eso tiene que haber un acuerdo firmado de aquí a noviembre, con la salvedad de que la firma es el inicio de la implementación de los acuerdos. Firmar un acuerdo es un mensaje muy fuerte para la sociedad, pues implicaría un cese definitivo de hostilidades, y eso, efectivamente, llevará inevitablemente a la reelección del presidente Santos por aclamación, le guste a uno o no.

¿Santos saldrá avante a pesar del contrapeso del uribismo y de la resistencia que sus políticas económicas han generado en algunos sectores sociales?

Si hay acuerdo de paz, no tengo ninguna duda. Si no hay acuerdo, ni siquiera se va a presentar.

Deja entrever que el ciudadano de a pie sí cree en este proceso de paz…
No. Lo que creo es que una vez haya un acuerdo, todos van a creer. Porque la firma de un acuerdo voltea cualquier tendencia de opinión.