
Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
Cerca de 50 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se tomaron ayer las instalaciones de la entidad en protesta por el hacinamiento que se está presentando en los penales del país, lo mismo que por los problemas laborales que presentan, lo mismo que los salarios.
Alejandro Álvarez, presidente de la Federación de Sindicatos del Inpec manifestó que la medida obedece a que la crisis carcelaria está desbordando la capacidad de los guardianes, y para eso citó el caso de la penitenciaría de Guajira, la cual –dice- ya alcance el 400% de hacinamiento.
Según Álvarez los 14 mil uniformados del Inpec y cerca de 2 mil administrativos se quedan cortos a la hora de atender las necesidades de la población carcelaria, por lo que reclamó el incremento de estos funcionarios, en el primer caso de, al menos, 4 mil más, y en el caso de los administrativos en, por lo menos, 2 mil adicionales.
Esta no fue la única medida, también anunciaron el cese total de actividades en la Cárcel Modelo y Picota de Bogotá y en las de Medellín y Cali.
El vocero del sindicato explicó que el cese no incluye temas como la seguridad de internos. De acuerdo con Álvarez, esta hora cero se realiza con el fin de llamar la atención la Gobierno Nacional para que sean atendidas sus reclamaciones que han motivado la llamada Operación Reglamento que consiste en no dejar ingresar más personas a penales con hacinamiento.
“Vamos a empezar a desescalonar muchas actividades que se hacen diariamente en las cárceles y la vamos a volcar a una situación nacional a ver si el ministro nos atiende finalmente”, apuntó.
Problemas
El miembro del Inpec señaló que los problemas de fugas que se han dado en las URI, se podría dar de manera mucho más grave en las cárceles, debido al elevado número de internos que hay en los penales. En este caso hizo referencia a penales como La Modelo de Bogotá, donde se ha llegado a calcular que solo dos guardias llegan a cuidar a más de mil detenidos.
Según el sindicalista muchas de las cárceles del país (147) son construcciones muy viejas, diseñadas con tecnología obsoleta para lo que hoy se requiere, y con capacidades que no corresponden con la realidad actual, por lo que más que construir nuevos penales, reclaman la adecuación de las cárceles actuales.
En este caso, Álvarez insistió en la operación reglamento en la que ya llevan cinco meses, hasta que el Gobierno y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, tomen conciencia del problema y en ese mismo sentido le “bajen a las declaraciones, pues nos han querido intimidar con judicializar la protesta social, válida”.
“Los internos se están muriendo en las cárceles, Caprecom no ha podido atender la salud de los internos. Los contratos de alimentación están signados por la corrupción, se les están dando alimentos en malas condiciones; no tenemos pie de fuerza, y más si se tiene en cuenta que los internos crecen de manera exponencial, y la guardia no”, dijo Álvarez al hacer referencia a las reclamaciones en las que sustentan sus observaciones.
Frente al término de duración de la protesta Álvarez señaló que la misma se mantendrá hasta tanto se solucionen sus necesidades.
Salarios
Los guardianes cuestionaron el que a pesar de ser los empleados públicos trabajan ocho horas diarias (48 a la semana) y estén laborando hasta 106 por semana, y el salario promedio de un guardián sea tan solo de 981 mil pesos, como básico.
“Nosotros somos conscientes de que no se puede reducir las horas de trabajo, pero sí que el salario básico se incremente”, añadió y citó casos como el de los guardianes de la cárcel distrital quienes -dice- ganan de 1 millón 400 mil pesos hacia arriba.
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