COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, afirmó este viernes que el Gobierno impugnará la tutela del Tribunal Superior de Bogotá que le ordenó acatar las medidas cautelares que recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que como consecuencia lo obligó a restituir en su cargo a Gustavo Petro.

Al tiempo, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, también anunció la misma medida: “hoy tenemos un alcalde destituido e inhabilitado”.

Argumentos

En diálogo con Blu Radio el presidente explicó que se impugnará la tutela “porque es una acción que está poniendo en tela de juicio una acción que hizo el Gobierno. Entonces lo obvio es impugnarla”, confirmó el jefe de Estado.

Y aunque él mismo fue quien firmó el decreto que restituyó a Petro Urrego como alcalde de la capital, no quiere decir que la Presidencia o la Procuraduría General estén impedidas para impugnar el fallo que ordenó regresar al cargo al burgomaestre. 

Aun así el tiempo juega en contra de la decisión pues ambas entidades tienen hasta las 5 de la tarde de este viernes para impugnar el fallo del Tribunal ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta tiene a su vez 20 días para pronunciarse en segunda instancia.

Si bien la tutela señala que las medidas cautelares de la CIDH “son vinculantes para el Estado colombiano y que no es discrecional su acatamiento”, la Presidencia argumenta que en primer lugar la legalidad del Decreto 570 de 2014 con el que fue ejecutada la destitución de Petro debía cuestionarse ante el Consejo de Estado y que por esta razón no podría caerse por un fallo de tutela.

Además, para la Presidencia acatar las medidas implicaría que el Estado estaría prestando su “consentimiento internacional para contraer obligaciones contrarias a la Constitución Política”.

Por su parte, el procurador señaló que “los abogados de la Procuraduría trabajan en una tesis jurídica muy reiterada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Judicatura respecto de las competencias que la Constitución confiere a este órgano del Ministerio Público para ejercer el control disciplinario a los funcionarios elegidos popularmente”.

Miembros de la Administración Distrital ya se pronuncian sobre la afirmación del primer mandatario. "Me parece que es un error que el Gobierno tenga duda frente al acatamiento de unas medidas que la justicia ha dicho que son obligatorias" dijo Hugo Sárrate, secretario de Gobierno de Bogotá.

A pesar de que en el ámbito político el regreso de Petro fue visto como un respiro que llegaría a la reelección de Juan Manuel Santos, está en entredicho la posición que tomará no solo la opinión pública, sino las distintas colectividades y sectores del país.

En contexto

Gustavo Petro, quien regresó a su cargo el pasado 23 de abril, había sido destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, tras las irregularidades que encontraron en el esquema de basuras implementado a finales del 2012 por la administración distrital.