Gobierno y altas cortes se enfrentan de nuevo por reforma a la justicia

COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ

A pocos días de que el Congreso inicie de nuevo el debate sobre la reforma a la justicia, el Gobierno y las altas cortes continúan sin ponerse de acuerdo en asuntos claves de ese proyecto.

A escasos cuatro debates que le restan a esta reforma constitucional, ayer se presentó un nuevo encontrón entre la rama ejecutiva y la judicial durante un foro para debatir los puntos álgidos del proyecto que se llevó a cabo en Universidad Libre de Bogotá.

La contienda en esta ocasión la protagonizaron el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el viceministro Pablo Felipe Robledo, a nombre del Ejecutivo; el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, a nombre de la justicia.

El primero en intervenir fue el ministro Esguerra, quien desmintió que con el proyecto se esté buscando privatizar la justicia y aseguró que la idea de éste es descongestionar la rama judicial, a través de las facultades especiales para abogados y notarios, entre otros temas.

En respuesta a lo dicho por el Ministro de Justicia, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema, magistrado Leonidas Bustos, dijo que "con las leyes que pretenden reformar sobre la reforma a la justicia (…) estamos en un punto en donde la reforma resulta superflua".

Debate

El magistrado señaló que si el punto central de la reforma es descongestionar los procesos represados en los tribunales, "no hay necesidad de una reforma" y agregó además que "no se pueden atribuir las funciones de los jueces a otras ramas de poder".

Bustos criticó además que en la reforma se establezca que no se puedan investigar a partir de denuncias anónimas a los aforados del país.

En una contra respuesta, el viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo dijo que "todo lo que se propone se ha propuesto en el pasado a nivel de ley y todas han sido declaradas inconstitucionales".

Para el Gobierno, en la reforma al artículo 116 de la Constitución se corrige que actualmente no existe un monopolio para una resolución de los conflictos entre los ciudadanos a favor de la rama judicial.

En réplica al Gobierno, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, dijo que hay hacia la rama judicial "una estrategia de desacreditación".

En ese sentido, enfatizó que "erosionar a la justicia es someter a las nuevas generaciones a un despeñadero frente a la aplicación de la justicia".

Gómez pidió que se realice una convocatoria para respetar a los administradores de justicia porque "nosotros en la rama judicial tenemos altos estándares de transparencia".

Líos por carrusel de pensiones

Durante el foro realizado sobre la reforma a la justicia otro asunto que salió a relucir fue el del llamado ‘carrusel de las pensiones’.

El tema hace referencia a un presunto detrimento patrimonial en el Consejo Superior de la Judicatura que se habrían presentado por las contrataciones de personas al borde de su pensión, quienes estuvieron en los cargos en periodos de dos a tres meses, con lo que habrían logrado aumentar su mesada.

Frente a ese tema, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, defendió la labor de esa Corte y desmintió su existencia.

"No es cierto que existan carruseles", dijo Lizcano, y citó el caso de su homólogo Ovidio Claros Polanco -quien fue señalado de estar implicado en el carrusel- agregó que "le aparecen en la lista (de pensiones) nueve personas, donde muchas de ellas no pasan de los 40 años de edad (…) él nos presentó en la sala las pruebas que su despacho no ha generado ninguna pensión".

"Es un ataque con segundas intenciones ¿De quién? No sé, pero le han dado datos incorrectos a los medios", sostuvo.

De otro lado, Lizcano dijo que frente a las tutelas que falla el Consejo Superior de la Judicatura y que generan el llamado 'choque de trenes', "el problema no somos nosotros".

Según él, la tutela contra sentencias de altas cortes es una función que le asigna la Constitución.

La respuesta del Consejo Superior surgió a raíz de los duros cuestionamientos del presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos.

El jurista pidió que en la reforma a la justicia se incluya la eliminación de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

En ese sentido, consideró que debe salir fortalecida la sala administrativa del Consejo Superior y no pasar a su eliminación.