Freno de mano a la minería ilegal

Uno de los temas que está bajo la lupa de la Fiscalía y la Procuraduría es cómo luchar contra la minería ilegal, un delito que está acabando con la estabilidad de los ecosistemas y que se ha convertido en el nuevo botín de los grupos armados ilegales.

Sobre este tema discutieron el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en el foro sobre delitos contra el medio ambiente que se realizó en la Universidad del Rosario en Bogotá.

Según el Fiscal, dentro del rediseño que se está planeando para la Fiscalía se contempla un fortalecimiento de las investigaciones para contrarrestar la minería ilegal, donde además de analizar sus efectos ambientales, se revise la criminalidad que se esconde detrás de esta actividad.

Ya es conocido que los dineros que salen de la explotación ilegal de recursos naturales han servido para sufragar el accionar de grupos armados ilegales, para lavar activos y hasta para financiar campañas políticas.

Aunque tanto el Fiscal como el Procurador saben que esto es un secreto a voces, aún no se tienen un panorama claro de cuántas minas ilegales hay en el país, dónde están y qué grupos armados las están operando.

“Es necesaria la conformación de nuevos grupos de trabajo especializados en el análisis y caracterización de esta particular forma de delincuencia para agilizar y efectivizar la detección de la conducta y la persecución de los autores y partícipes de la minería ilegal”, señaló el Procurador.

El problema además es que dentro del mismo saco de ilegalidad caen los mineros artesanales, que no siguen los parámetros ambientales, pero que no extraen los recursos naturales con los mismos fines de los grupos armados.

Allí también caben las empresas legalmente establecidas que no reportan todos los pozos o vertimientos; una minería que al hacerse de forma clandestina también es considerada ilegal.

El exministro de Ambiente y Desarrollo Territorial, Frank Pearl, hace algunos meses expuso la necesidad de redefinir en el código penal qué se entiende por ilegalidad, para acabar con esta disyuntiva y de endurecer las penas que pagan los responsables de delitos ambientales.

Sobre este último punto, para el Fiscal es claro que la solución no está en incrementar las penas, sino lograr que las existentes se cumplan efectivamente. Hoy los delitos ambientales están tipificados en el código penal donde se establecen las penas y multas que deben pagar las empresas y personas naturales cuando se exceden contra el medio ambiente.

Por su parte, Ordóñez señaló que “es momento de empezar a sancionar penalmente a quienes incurran en delitos contra los recursos naturales del país. La protección de nuestro entorno es esencial para nuestro derecho fundamental de supervivencia”.

La minería por su complejidad tiene su propio código, el cual fue expedido en el 2001 pero que tendrá que ser reformulado por la Agencia Nacional Minera. La disyuntiva ahora es cómo lograr un desarrollo de esta locomotora sin acabar con el medio ambiente.

“LA SOLUCIÓN SON LOS LÍMITES”

Un de las conclusiones claves que definió el Fiscal es que el desarrollo no se puede frenar para evitar los riesgos ambientales que se corren con diversas actividades productivas, como es el caso de la minería.

Sin embargo, dejó claro que a los riesgos se les deben poner límites a través de regulaciones y que se debe ponderar la necesidad del desarrollo económico y el riesgo que existe sobre la supervivencia de los recursos naturales.

De igual forma, recalcó que quienes son generadores de riesgos, como es el caso de empresas que extraen los recursos naturales o producen contaminación en su producción, deben planificar esos riesgos y utilizar la mejor tecnología posible para evitar daños no solo al medio ambiente sino a las comunidades aledañas.