EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El regreso a las armas de exlíderes de las Farc puso ayer en el centro del debate la necesidad de fortalecer el proceso de paz para garantizar la estabilidad de Colombia, pues son al menos 13 mil los exguerrilleros que siguen reincorporándose tras la firma del acuerdo de paz.
Diversos sectores políticos y de la comunidad internacional llamaron a los colombianos a que eviten que los exguerrilleros que hacen su tránsito a la vida en sociedad se sumen a las disidencias tras la decisión del exnegociador de paz de las Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez, de volver a las armas junto con otros antiguos mandos.
De los primeros en hacerlo fue el Gobierno de Noruega, país que es garante con Cuba del proceso de paz y que considera que la unidad alrededor de lo acordado es "más importante que nunca" y que Colombia "no puede dar marcha atrás".
En la misma dirección se manifestó el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), miembro del componente internacional de verificación del acuerdo, que instó a Colombia a fortalecer "la integralidad de la reincorporación socioeconómica y política", así como a garantizar la seguridad de los excombatientes.
Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre del 2016, cerca de 150 exguerrilleros han sido asesinados, entre las razones que dio Márquez para su regreso a las armas, pues considera que estos crímenes han ocurrido "en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado".
Es por eso que considera fundamental que se mantengan espacios como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI), del que hacen parte el Gobierno y el partido FARC porque allí se construyen "soluciones sostenibles".
Otra voz que pidió unión entre las fuerzas políticas de Colombia para consolidar la implementación del acuerdo fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, que tachó de "declaración de guerra" la decisión de los exlíderes guerrilleros.
Respuesta
El Gobierno respondió al anunció de Márquez con una operación militar de gran escala que dejó al menos nueve miembros de una disidencia muertos en una zona rural de San Vicente del Caguán, antiguo bastión de esa guerrilla en el Caquetá.
Entre los muertos de la operación, que incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo, está un cabecilla, identificado solo como alias Gildardo Cucho, detalló el presidente, Iván Duque.
Se estima que cerca de 1.800 personas forman parte de los 24 grupos de disidentes de las Farc que no se unieron al proceso de paz y que están dedicados al narcotráfico y la minería ilegal, si bien hasta el momento no hay información de que estén relacionados con el grupo de exlíderes que encabeza Márquez.
En vista de que Márquez aseguró en su manifiesto que buscarán alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), cuyos jefes, según el Gobierno, tienen la protección del régimen de Nicolás Maduro, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, se reunió ayer con el comisionado presidencial para Asuntos Exteriores de Venezuela de Juan Guaidó, Julio Borges.
"Nosotros llamamos a sacudir la conciencia de todos los gobiernos de la región, de todo el mundo libre. Lo que está en discusión en este momento no es un problema de Colombia, no es un problema de Venezuela, es el problema más importante de defensa de la libertad, de la democracia, de la dignidad del mundo entero", dijo Borges en una rueda de prensa con Trujillo.
El canciller colombiano dijo que trabajarán con Guaidó, reconocido como presidente interino por 50 países, para combatir a los grupos al margen de la ley que actúan en la frontera terrestre de 2.219 kilómetros entre ambos países.
Venezuela culpa a Duque
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo ayer que el rearme de un grupo de líderes disidentes de las Farc es "exclusiva responsabilidad" del presidente de Colombia, Iván Duque, al rechazar los señalamientos contra Nicolás Maduro. "Resulta insólito que Iván Duque con absoluta desfachatez, en un acto deleznable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos y firmados por el Estado colombiano", se indicó en un comunicado leído por Arreaza.
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