Efe | LA PATRIA | Bogotá
La antigua guerrilla de las Farc no aceptaba el homosexualismo en sus filas y lo castigaba con sanciones como no dejar que esas personas ocuparan cargos de responsabilidad dentro de la organización, reveló la Fiscalía.
La vice fiscal general de Colombia, María Paulina Riveros, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dos informes sobre violencia de género cometida por miembros de las Farc y agentes del Estado durante el conflicto armado, que incluyen al menos 1.080 investigaciones que involucran a 1.246 víctimas.
"La diversidad sexual fue catalogada por las Farc como un comportamiento prohibido y por ello el grupo ilegal emprendió un castigos para frenarlo", dijo Riveros en una rueda de prensa en Bogotá.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que estos repertorios de violencias se ejecutaron de manera indiscriminada sobre distintos sectores poblacionales incluyendo miembros de su propia organización. “El informe visibiliza las crueles y aberrantes prácticas que las Farc ejercieron en contra de mujeres, hombres, niños, adolescentes, indígenas, afrocolombianos, LGBTI y líderes sociales”, expresó.
Delitos
En los hallazgos realizados, añadió la vicefiscal, se tienen registros de las hojas de vida guerrilleras en las que con términos despectivos se referían a los hombres, mujeres, que se identificaban como homosexuales dentro de sus filas.
El delito más cometido por la guerrilla fue el acceso carnal violento (por lo menos 600 casos), seguido del acceso carnal abusivo con menor de 14 años (122 casos).
En el informe también aparecen asociados 21 casos de mujeres que fueron obligadas a abortar. La funcionaria además destacó que en el grupo subversivo también se detectó una conducta recurrente de discriminación hacia sus integrantes que hacían parte de la comunidad LGBTI.
En cuanto a los agentes del Estado, la vicefiscal aseguró que tienen adelantados 206 procesos contra 234 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes habrían abusado de 281 personas, de las cuales el 42% corresponde a mujeres menores de edad.
La magistrada Linares explicó la forma en la que discriminarán los casos de violencia sexual para saber si hace parte de la competencia del tribunal de justicia transicional o si deben ser procesados por la justicia ordinaria.
“La competencia de la JEP recae sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el desarrollo del conflicto armado. El tribunal debe analizar si hubo competencia personal, temporal (hechos ocurridos antes de la firma del proceso de paz) y material, que implica establecer si una conducta está relacionada directa o indirectamente con el conflicto armado”, expresó la magistrada.
Informes entregados a la JEP
Entregaron 874 investigaciones por violencia basada en género, en los que se reportan 945 víctimas, de las cuales 876 fueron mujeres, 38 hombres, mientras que en el resto no se reportó la clase de víctima.
La JEP es el organismo de justicia creado por el acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado, cuyo principal objetivo es obtener la verdad sobre los hechos y evitar su repetición.
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