Fiscalía cita a imputación al gobernador de San Andrés por irregularidades en la contratación de la covid-19

LA PATRIA | MANIZALES

La Fiscalía General de la Nación realiza indagaciones sobre posibles irregularidades de contratación en la Gobernación de San Andrés.

Según la entidad, durante 45 días investigadores del CTI y Policía Judicial de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia realizaron actividades y verificaciones al proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación de la covid-19.

El gobernador del departamento, Everth Julio Hawkins, fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo.

Dice la Fiscalía que en visita a San Andrés el 27 de junio se conocieron los pormenores de los hechos investigados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema y su impacto en la comunidad, principalmente, la afectación en los sectores de la salud, recreación y educación, por lo que se priorizaron tres casos más.

"En las verificaciones hechas sobre el contrato de publicidad, se estableció que el gobernador del archipiélago, sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para evadir el proceso de selección de oferentes y contratar directamente.

"El titular del caso estableció que la empresa Noel Fotos SAS, luego de suscribir el contrato por $500 millones, el 18 de marzo del 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de $86 millones 800 mil. Dicha suma fue pagada por el departamento".

Y concluye: "Para el funcionario, además de vulnerar principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, se generó un detrimento patrimonial. En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a audiencia de imputación al gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por apropiación".

La Fiscalía solicitará la imposición de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en el lugar de domicilio.

El proceso se adelantó en atención a denuncias ciudadanas y revelaciones hechas por medios de comunicación, el 24 de abril.