COLPRENSA | LA PATRIA | MEDELLÍN
A la polémica que se inició la semana pasada con la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se sumó otra de ligas mayores: la confrontación entre la Procuraduría y la Fiscalía para investigar si la decisión del procurador Alejandro Ordóñez tuvo motivación política.
Aunque el procurador ha decidido guardar silencio, el fiscal Eduardo Montealegre se está encargando de moverle el piso y ponerlo contra las cuerdas para que explique la decisión que, de ejecutarse, tumbaría a Petro y lo dejaría por fuera del panorama político por lo menos 15 años.
"Tenemos que determinar si la sanción de inhabilidad contra el alcalde Petro fue o no proporcional y, además, si se violó o no el principio de igualdad frente a otras sanciones impuestas a funcionarios corruptos, la cual fue menor", señaló Montealegre.
La cuestión es relativamente sencilla. El procurador emitió un fallo contra un funcionario que fue elegido por voto popular (Petro), en ejercicio de sus funciones como jefe del Ministerio Público. Pero, a diferencia de lo que sucedió tras las decisiones contra el exalcalde de Medellín Alonso Salazar o la exsenadora Piedad Córdoba, esta vez se le atravesó una piedra en el zapato.
Se trata de una investigación penal que, si bien es poco probable prospere y saque a Ordóñez de su cargo, sí promete mantenerlo en el ojo de la polémica por bastante tiempo.
El fiscal Montealegre, enemigo ideológico de Ordóñez, es quien se está encargando de ponerlo entre la espada y la pared, usando las facultades que le da la Constitución para abrir investigación preliminar contra el procurador que, en caso de encontrar mérito, podría convertirse en una investigación formal y, en últimas, producir imputación de cargos ante la Corte Suprema de Justicia.
El delegado de la Oficina de la ONU en Colombia, Juan Carlos Monge, aseguró por su parte que confía que la Procuraduría haya haya fallado en derecho. Lo hizo ayer al término de una reunión con el procurador.
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