Farc pedirán indultos, amnistías y no extradición

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Un cuestionamiento al marco jurídico para la paz aprobado por el Congreso de la República, y que le entrega al Gobierno instrumentos para una justicia transicional en caso de la desmovilización de algún grupo armado ilegal, hizo el miembro de la comisión internacional de las Farc Andrés París, desde La Habana (Cuba), con lo cual siguen quedando al descubierto las aspiraciones de ese movimiento.

“En la mesa debemos construir un nuevo marco legal que contemple las amnistías, que contemple los indultos. Que contemple, ante todo, antes de las formas jurídicas, las formas políticas que den la garantía a la fuerza insurgente para transformarse”, aseguró París, cuyo nombre real es Jesús Emilio Carvajalino.

El jefe guerrillero, que está en la capital cubana junto con Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda, Hermes Aguilar, Sandra Ramírez y Marco León Calarcá, para avanzar en el proceso de diálogo con el Gobierno, aseguró que el marco legal para la paz impulsado por el presidente Juan Manuel Santos no está diseñado para una política de paz y que debe ser reconsiderado en la mesa de conversaciones.

“El marco jurídico no fue diseñado para una posible salida dialogada y política con las Farc”, aseguró París, y también dijo que deben estar dadas todas las garantías jurídicas que impidan la extradición de guerrilleros.

“La no extradición está garantizada por nuestra postura. No la aceptamos. No va a ser elemento que se incorpore en un proceso como amenaza o chantaje. Sencillamente, es irrealizable un proceso de paz poniendo en la perspectiva la extradición de los comandantes guerrilleros. Está más cerca Uribe Vélez de pasar por estas instancias que los comandantes guerrilleros”, dijo París al informativo Noticias Uno.

El marco para la paz

Aunque la norma le da la posibilidad a los miembros del secretariado de las Farc de tener vocería política, aclara que estos no tendrán elegibilidad si son responsables de delitos atroces y de lesa humanidad.

La reforma constitucional otorgó elementos legales para "la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición" y solo será activado por el Presidente de la República.

Otra de las reglas que fijó el marco para la paz, es que una vez sea presentada la ley ordinaria, por el presidente de la República ante el Congreso, esta tendrá un periodo de caducidad de cuatro años. Lo anterior, con el propósito de que el proceso no se extienda interminablemente.

La iniciativa estableció, además, garantías para que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reparación. Dice que por ley "se podrán establecer instrumentos de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción, y se podrán crear mecanismos especiales de imputación".

Así mismo, determina que cualquier proceso solo se iniciará con la liberación de todos los secuestrados y los menores reclutados ilegalmente. También establece que la justicia transicional no cobijará a los grupos que no hagan parte del conflicto o los que vuelvan a delinquir

De la misma manera, se determina que al final del conflicto armado se podrá crear una comisión de la verdad. Una Ley estatutaria definirá su objeto, composición y funciones. Se faculta al Fiscal General de la Nación que haga una priorización de los delitos para investigar los que sean cometidos en contra de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y los demás, para los cuales podrá determinar la suspensión de la pena en casos específicos.

Habló Andrés Pastrana

Cali. La frase que más se ha escuchado en los últimos días en Colombia, desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de unas nuevas negociaciones con las Farc, con miras a alcanzar un acuerdo de paz, es que “no se pueden repetir los errores del pasado”.

Esa advertencia lleva de inmediato a recordar el trago amargo que bebió el país tras el truncado proceso de paz en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana y su cuestionada zona de distensión de San Vicente del Caguán, de donde las Farc salieron más fortalecidas militarmente.

10 años después de esa experiencia, el exmandatario habló de la derrota política que significó para las Farc haberse levantado de la mesa en el Caguán, de lo fortalecidas que salieron las Fuerzas Armadas de ese proceso y recordó que la última zona de distensión fue la que pactó el expresidente Álvaro Uribe Vélez “con los grupos paramilitares y el Cartel del Medellín, en San José de Ralito (Córdoba)”.

"Yo no hablo de fallos porque eso es como dicen en el fútbol: ‘Qué fácil es ser técnico los lunes’. Entonces yo hubiera metido a Falcao y hubiera cambiado a Córdoba o hubiera puesto a Mondragón en lugar de tal o de ‘X’ o de ‘Y’. Yo creo que cada proceso tiene aspectos positivos y aspectos negativos porque todos se dan en circunstancias distintas, en un país distinto, con un Ejército distinto, con una economía distinta, en fin. Entonces yo lo que le diría al presidente Santos, más que mirar los errores del pasado, es que evite los errores del futuro".

Que las partes no involucren a los civiles

La Defensoría del Pueblo, como institución encargada de velar por la defensa y promoción de los derechos humanos, solicitó ayer al Gobierno y las Farc que en medio del proceso de paz que adelantan se llegue a un acuerdo humanitario “para obligarse a no involucrar a la población civil y a todas las personas protegidas bajo el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra en la conducción de las hostilidades”.

Durante la celebración del día nacional de los Derechos Humanos, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, celebró el comienzo de las conversaciones que el Gobierno y las Farc han emprendido como un camino hacia la paz y dijo que su propuesta “sería un motivo para fortalecer la necesaria confianza que debe sustentar el proceso de diálogo”.