Fallas en protocolo de atención a víctimas de violencia sexual

Un año después de la entrada en vigencia del Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (marzo de 2012), una investigación de la ONG Oxfam evidencia que la atención integral en salud a las víctimas presenta múltiples dificultades y obstáculos que impiden su recuperación y rehabilitación.

El documento señala que los patrones sociales estructurales que fomentan la discriminación, exclusión y subordinación de las mujeres en Colombia las ubica en una situación de desventaja que se traduce, entre otros, en altos niveles de violencia en su contra tanto en espacios públicos como en privados.

"Esta situación se exacerba por el conflicto armado interno, pues en este contexto las mujeres, además de afrontar los peligros generales que representan la violencia armada para toda la población, se enfrentan a riesgos y vulnerabilidades específicas que generan un impacto diferencial y agudizado en sus vidas", dice en uno de sus apartes el informe.

La investigación de Oxfam estableció que el sistema de salud colombiano presenta vacíos en la información que registra en relación con la violencia sexual, lo que afecta significativamente el proceso de caracterización de este tipo de violencia en el país, así como la labor de seguimiento y evaluación de la atención integral a las víctimas por parte del sector salud.

Entre los vacíos, se observa "con preocupación" que el sistema solamente registra las modalidades de abuso sexual, acoso sexual, asalto sexual, explotación sexual comercial de niños y adolescentes, turismo sexual, pornografía con niños y adolescentes y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Según Oxfam, quedan por fuera otras formas de violencia sexual de las que son víctimas las mujeres en el país, en especial en el marco del conflicto armado interno, como la mutilación genital, la esterilización y el aborto forzados, y la esclavitud sexual.

De otro lado, la ONG subraya que los servicios de atención en salud mental para víctimas de violencia sexual en los términos del Protocolo se plantean desde una perspectiva netamente clínica "que desconoce el contexto y la realidad por la que atraviesan las personas que se han visto expuestas a graves situaciones marcadas por la violencia, discriminación y exclusión", como es el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Además, la investigación estableció que el Protocolo no establece lineamientos para la atención diferencial a mujeres indígenas y afrodescendientes víctimas de la violencia sexual, que enfrentan una doble discriminación por su origen étnico y por su sexo.

"Esta condición las pone en condición de vulnerabilidad y desventaja incluso mayor a la que tradicionalmente enfrentan las mujeres en el país y se exacerba como consecuencia del conflicto armado. En el contexto de la confrontación, las mujeres indígenas y afrodescendientes se encuentran gravemente expuestas a ser victimizadas por los grupos armados, especialmente a ser víctimas de violencia sexual", dice el informe.

Por último, la investigación señala otras falencias del Protocolo, como que desconoce las distintas modalidades de violencia sexual, no establece pautas para la atención de las distintas modalidades de violencia sexual y también omite advertir a los profesionales de salud la necesidad de observar el proceso de abordaje forense durante el trámite de la atención.

Para el seguimiento a la implementación y cumplimiento del Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, los investigadores de Oxfam interpusieron derechos de petición ante las autoridades encargadas de la implementación y seguimiento de ese Protocolo y a las entidades sin responsabilidad directa en el tema pero que tienen que actuar de manera conjunta y coordinada con el sector salud para proveer la atención integral a las víctimas.

A través de ese mecanismo fueron consultados el Ministerio de Salud, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Icbf, la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía, la Policía y la Defensoría del Pueblo. También hicieron entrevistas con los equipos de trabajo de esas entidades y reuniones con las organizaciones de derechos humanos y de mujeres que integran la campaña 'Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra'.