COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Corte Suprema de Justicia condenó ayer a seis años y medio de cárcel a Jorge Pretelt Chaljub, exmagistrado de la Corte Constitucional, por el delito de concusión por haber pedido un soborno durante el trámite de una tutela.
La Sala Especial de Primera Instancia condenó a Pretelt a 78 meses de prisión y negó "la condena de ejecución condicional y prisión domiciliaria", aunque no ordenó la captura porque el exmagistrado tiene derecho de apelar la decisión ante la Sala de Casación Penal.
El exmagistrado Pretelt está acusado, desde agosto del 2016, de presuntamente haber pedido 500 millones de pesos a la compañía Fidupetrol durante el trámite de una tutela ante la Corte Constitucional, por lo cual fue suspendido de su cargo dos años después por el Congreso.
Con la tutela, la empresa buscaba dejar sin vigencia un fallo de la Corte Suprema que la había condenado a pagar 22 mil 500 millones de pesos por malos manejos de regalías petroleras del Casanare.
El abogado Abelardo de la Espriella, defensor de Pretelt, aseguró que se dispondrá "a preparar el recurso de apelación, el cual será presentado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia".
"Seguro de la inocencia de mi cliente, tengo confianza en que la administración de justicia podrá hacer una valoración serena y ponderada del acervo probatorio que obra en el expediente y que confirma que el doctor Pretelt Chaljub no cometió el delito que le fue imputado", agregó el abogado.
En noviembre del año pasado, la Fiscalía pidió al Congreso investigar al exmagistrado por la presunta recepción de sobornos de la compañía Recaudos & Tributos, del grupo de Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.
La Fiscalía afirmó entonces tener información por "cooperación judicial" y "varias declaraciones" con la que se estableció que Pretelt recibió "una suma elevada de dinero" para favorecer a la empresa en un proceso judicial.
Recaudos & Tributos (R&T) es una empresa filial de Inassa que durante 10 años tuvo la concesión para cobrar los impuestos de Santa Marta.
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