EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Contraloría imputó a 28 personas, entre ellas dos exgobernadores de Antioquia y a dos exalcaldes de Medellín, por sus presuntas responsabilidades por malas decisiones administrativas en la construcción de la central eléctrica Hidroituango.
La medida, de carácter fiscal, fue tomada por el detrimento de 4,1 billones de pesos por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto.
Así lo informó la Contraloría en un comunicado en el que detalló que entre los imputados están los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo (2012-2015) y Luis Alfredo Ramos (2008-2011), al igual que los exalcaldes de Medellín Aníbal Gaviria (2012-2015) y Alonso Salazar (2008-2011).
La medida también alcanza a 10 miembros de la junta directiva de Hidroituango, dos exgerentes de Empresas Públicas de Medellín (EPM), al igual que contratistas de la obra.
Este valor resulta de un lucro cesante calculado en 1,1 billones de pesos y una pérdida del valor del proyecto por cuantía de 2,9 billones de pesos.
Fallas en el proyecto
Cuando la Contraloría inició el proceso de responsabilidad fiscal por estos hechos fueron vinculados 34 supuestos responsables, pero ahora la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción indicó que "28 fueron imputados y a los 6 restantes se les archivaron las diligencias al no haber incidido de manera determinante en la causación del daño".
Para el organismo de control, las fallas del proyecto Hidroituango son resultado de una "cadena de errores" cuyas consecuencias fueron "el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, el desmesurado aumento de sus costos y la grave contingencia que sufrió en 2018".
La emergencia en Hidroituango comenzó el 7 de mayo de 2018 por un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce en el país, que quedaron represadas en un embalse en construcción.
Ante el peligro de que el caudal rompiera la presa, los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas cuya construcción estaba bastante avanzada y sacar el agua de manera controlada.
La situación obligó a las autoridades a evacuar en su momento a unos 113.000 habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca.
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