Endurecen sanciones por tráfico de tapas de alcantarillas

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Antes de que tuviera lugar el más reciente caso de la menor de edad que perdió su vida tras caer a una alcantarilla en Bogotá, un proyecto de ley para endurecer las penas a quienes participan en la cadena del 'tráfico de tapas de alcantarillas' ya hacía trámite en el Congreso de la República.

Se trata de una iniciativa que busca tipificar como delito la compra de tapas de alcantarillas e infraestructura eléctrica y la penalización con multas entre 10 y 100 salarios mínimos legales vigentes para quienes incurran en estas prácticas.

De acuerdo con el representante Juan Felipe Lemos, uno de los autores de iniciativa, actualmente el robo de infraestructura de servicios sí está tipificado pero no existen castigos para las empresas que compran estos materiales.

“Se están definiendo agravantes punitivos. También se está generando la obligación de que paguen unas multas altas aquellos que coayuden en esa tarea y, tercero, se sanciona la conducta de los jóvenes que incurran en ese tipo de actividades”, explicó el congresista.

Según dijo, el proyecto modificará el Código Penal para permitir las multar a las empresas o personas que decidan comprar dichos elementos, habia cuenta del origen ilícito de algún elemento de infraestructura pública. Pero las penas para quienes dañen obras para la prestación de servicios de telecomunicaciones, transmisión y generación de energía eléctrica, de acueducto o de gas domiciliario, podrían estar entre 32 y 90 meses de prisión y a una multa entre los 13 y los 150 salarios mínimos.

Esta iniciativa empezará a tramitarse a través de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, una vez el Congreso de la República retome sus sesiones.

Cobijaría a menores entre 14 y 18 años
Estas sanciones también cobijarían a los menores de edad entre 14 y 18 años, pues la medida contempla cambios en el Código de la Infancia y la Adolescencia. En los casos en que un menor contribuya al deterioro en los equipos para la presentación de servicios públicos y con su acción, se ponga en riesgo la vida de una persona, podrán ser procesados por homicidio culposo y doloso.

Además, las personas que incurran en el daño o robo de este tipo de infraestructura deberá, según propone el proyecto de ley, indemnizar a la empresa de servicios públicos que se vea afectada y las víctimas.