En San Andrés se sienten los efectos del fallo de La Haya

Een las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se escuchan los gritos por los efectos negativos, seis meses después de la pérdida de 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial de Colombia en el mar Caribe, por decisión de un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Ahora, lo más reciente es el cierre definitivo de Antillana, la más grande empresa exportadora de langosta y caracol que hacía transacciones anuales superiores a los 12 millones de dólares, pero que a raíz del fallo vio mermada su producción y en el transcurso de los últimos seis meses, contados desde la lectura del fallo -el 19 de noviembre de 2012- hasta el 19 de mayo pasado, solo tuvo pérdidas consecutivas.

Con esta obligatoria decisión pierden el empleo, directo e indirecto, al menos 300 personas entre los pescadores buzos que faenaban en doce buques, los empleados de la planta, los transportadores y el personal administrativo que hoy están en medio de la gran incertidumbre de no saber en qué oficio se deberán desempeñar para conseguir su sustento, y el de sus hijos, especialmente las madres cabezas de hogar.

Se veía venir

Aunque anualmente la empresa Antillana hacía recesos en su proceso de pesca debido a las vedas, ahora no solo es por efecto de la prohibición temporal, sino de forma definitiva. Ya los barcos no saldrán a pescar y la empresa se reducirá a ser una comercializadora de productos marinos, pero con pesca no propia del archipiélago.

Al coincidir la fecha y cumplirse los primeros seis meses de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia, Antillana cerró sus puertas. Con casi 25 años de historia, la planta que daba trabajo directo e indirecto a casi 300 personas, se vio obligada a ejecutar el resultado de un diagnóstico que se hacía desde el mismo mes de noviembre y que arrojó que debían retirarse del ejercicio a partir del próximo 30 de mayo.

Los trabajadores reconocieron que el futuro es muy incierto y que no saben qué va a pasar con sus familias a partir del mes de junio, cuando ingresen a la lista de los desempleados del país.

Pero el efecto no será solo del aumento del desempleo, sino que se verá reflejado en la economía primaria de las islas, porque estos trabajadores acudían a los supermercados, tiendas de ropa, abastos, restaurantes, entre otros, para satisfacer sus necesidades, pero ante la escasez de recursos que se les avecina, el efecto se extenderá negativamente.

Hasta la administración departamental se verá afectada porque dejarán de ingresar 500 millones de pesos que por concepto de impuestos y demás, eran parte del presupuesto.

Subsidios

El Gobierno Nacional, ante la enorme tragedia, desde el mismo 19 de noviembre hizo varios anuncios que apuntaban a resarcir la enorme pérdida. Uno fue el de entregar un subsidio de un millón 800 mil pesos para cada pescador artesanal, por espacio de seis meses.

Entre la conformación de las listas, la aprobación y el comienzo de los desembolsos ya se pasó el medio año y aún es la hora que a la mayoría no les ha llegado el beneficio, y a los que mejor les va han recibido máximo dos mesadas, sin que cesen las denuncias referentes a que en la lista de beneficiarios ‘no están todos los que son, ni son todos los que están’.

Los pescadores industriales son aquellos que sin tener salario fijo deben permanecer en el mar por largas temporadas, mientras extraen la langosta y el caracol bajando a pescar a pleno pulmón, sin utilizar tanques porque están prohibidos (ahora los pescadores nicaragüenses sí los utilizan) y de acuerdo con las cantidades que logren, así mismo será su ganancia.

Con el fallo de la CIJ, estos trabajadores, que a diferencia de los pescadores artesanales no son raizales, y que son contratados por los grandes buques pesqueros, se han visto seriamente afectados porque ya la pesca es mínima debido a que el producto fue arrasado por pescadores nicaragüenses, y porque ellos no reciben subsidio.

Con el cierre de Antillana las tripulaciones de pescadores industriales de 12 buques quedarán cesantes.

No acatar

Ante estas circunstancias, que deterioran la economía isleña y ponen en peligro la base alimentaria de los residentes en esta región, la solicitud generalizada al presidente Juan Manuel Santos de todos los sectores de la comunidad es que no acate el fallo y se busquen los mecanismos para reversar lo que aquí se considera un exabrupto jurídico internacional.