En poblado de Antioquia piden incluir el agua en la agenda con las Farc

José Navia Lame

Colprensa | LA PATRIA | San Carlos

Este, uno de los 23 municipios del oriente de Antioquia, intenta regresar a la vida luego de que la guerrilla y los paramilitares sembraron de cadáveres sus montañas durante más de 10 años.

Aunque ya se hablaba de desplazamientos y crímenes selectivos en el oriente del departamento, la cadena de muertos comenzó en firme el 3 de mayo de 1997. Ese día un grupo paramilitar liderado por Carlos Castaño asesinó a 14 personas en la vereda La Esperanza, municipio de El Carmen de Viboral, a unos 80 kilómetros de San Carlos.

Otro grupo paramilitar, comandado por Ramón Isaza, también incursionó en la región desde el Magdalena Medio. Acusaba a los campesinos de colaborar con las Farc y el Eln, que, a su vez, se habían incrustado en la región atraídos por la importancia que esta comenzó a tener en la década del setenta debido a la “construcción de la autopista Bogotá – Medellín, las represas de San Carlos I y II, Jaguas y Calderas y la extensión de las líneas de transmisión de energía”, señala un documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Desde la masacre de La Esperanza, el oriente de Antioquia se convirtió en un infierno. Los paramilitares avanzaron hacia la zona de los embalses, donde se encuentra San Carlos. Los homicidios y masacres sucedían a diario. En Granada, a 40 kilómetros de aquí, un carro-bomba destruyó medio pueblo en diciembre del 2000. Decenas de padres sacaron de la zona a sus hijos para evitar el reclutamiento forzado y, al final, el éxodo fue masivo. En algunas veredas y municipios se marchó más del 70% de los habitantes.

Recuerdo

San Carlos también quedó desolado. Los grupos armados impusieron horarios y normas para las actividades en el pueblo. “Estar en la calle después de las seis de la tarde ya era dar papaya”, dice un líder comunitario que tuvo que huir con su familia hacia Medellín, luego de que le mataron a un hermano, junto a otras tres personas que viajaban en una ambulancia durante un paro armado decretado por la guerrilla.

Por todo eso es inusual la imagen que transcurre esta tarde de principios de agosto en el parque principal de San Carlos. Decenas de niños y jóvenes y algunos noviecitos charlan en el parque mientras les llega la voz de Juanes desde una taberna cercana. Más inusual aun resulta ver a un policía, sin su fusil, saboreando un cono en una de las esquinas de la plaza.

“Después de la guerra que vivimos, lo que tenemos ahora es lo más parecido al paraíso”, dice un habitante de San Carlos.

Sin embargo, para que los habitantes no se olviden del horror que vivieron y mantengan en la memoria a las víctimas del conflicto, el municipio creó un monumento en la plaza principal del pueblo. Lo llaman ‘El Jardín de la memoria’.

Es una especie de enredadera metálica de alambre. En las flores y hojas de acrílico está grabado el nombre de la víctima y la fecha y el motivo por el cual hace parte de este jardín espeluznante. Se lee, por ejemplo: “Lisímaco de Jesús Morales Martínez. Desaparecido. 2001”. En una de las esquinas del monumento hay una placa de mármol con la inscripción: “Que tu corazón recuerde con el menor dolor y el mayor compromiso posible”.

El dedo en la llaga

Debido a las profundas huellas que dejó la guerra en este municipio, es perfectamente lógico que San Carlos fuera sede del XXV Encuentro Regional de Paz, el 5 y 6 de agosto. Otros 14 eventos similares se han realizado, desde julio del año pasado, en Putumayo, Arauca, en los Montes de María (en Bolívar), Cauca, Chocó y otros territorios afectados por el conflicto.

Estas citas tienen dos objetivos: explicarles a las comunidades sobre los avances del proceso de paz en La Habana y tratar de resolver sus múltiples interrogantes respecto a lo que va a pasar en sus regiones en caso de que el Gobierno y las Farc firmen un acuerdo para el cese del conflicto armado.

Además estos eventos han servido para escuchar las propuestas que las comunidades tienen para buscar el desarrollo de sus respectivas regiones, con el objetivo de lograr una paz sostenible y duradera.

Los encuentros, explica Diego Pérez, el coordinador metodológico, son convocados por la Red de Programas de Desarrollo y Paz (Prodepaz); la Red de iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base; la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta última, junto con las embajadas de Suecia, Noruega y Suiza, financia el proyecto.

A cada cita son invitados unos 300 delegados de organizaciones de campesinos, ambientalistas, juntas comunales, pequeños empresarios, artesanos, derechos humanos y grupos culturales y deportivos, entre otros.

Esta vez la cita fue en el coliseo municipal de San Carlos. Una de las líderes que llegó al encuentro, a las 8:00 de la mañana, es Beatriz Montoya, de la presidencia colegiada de la Asociación Regional de Mujeres del Oriente (Amor). Esta organización, que existe desde hace 21 años, reúne a unas 900 mujeres, pero sus programas llegan a más de cuatro mil en el oriente de Antioquia. Todas ellas son víctimas del conflicto. Sufrieron violaciones sexuales, desplazamientos o el asesinato de sus esposos, hijos u otros familiares.

Cuando el conflicto irrumpió en la región, Amor se dedicó a acompañar a las víctimas y, posteriormente, a ayudar a buscar la paz y la reconciliación y a vincular a las mujeres al desarrollo de sus municipios.

Beatriz Montoya explica que, en esta región, fueron las mujeres quienes preservaron el poco tejido social que quedó cuando sus hombres se involucraron en la guerra o fueron asesinados o desplazados. Esta situación generó un fenómeno que es palpable en San Carlos: las tres aspirantes a la alcaldía son mujeres y el municipio tiene una alcaldesa, María Patricia Giraldo, de la que todos los líderes entrevistados hablaron bellezas, según dicen, por su trabajo con las víctimas, la reconstrucción del pueblo y su gestión para obtener ayuda del gobierno nacional.

La líder de Amor, franca y directa, pone el dedo en la llaga del tema que constituyó el eje central de este encuentro en San Carlos: los impactos generados por la construcción de megas y micro proyectos hidroeléctricos en esta región.

El conflicto por el agua

Al menos seis de los líderes entrevistados consideran que para hablar de paz en las regiones, el Gobierno debe garantizar que el uso principal de las fuentes hídricas será el consumo humano y no la generación de energía para el beneficio de unos pocos inversionistas privados.

“Todo el proceso de minería, y, especialmente, de explotación del agua, está amenazando nuevamente a la gente”, dice Beatriz. Según la líder, existen unas 350 peticiones para explotación del subsuelo, algunas de ellas en zonas altas de la montaña, donde existen ecosistemas que están en peligro con esos proyectos.

Carlos Hernando Olaya, de la Corporación Ambiental Nativos, de San Carlos y otros líderes cuentan que el año pasado lograron frenar un proyecto que pretendía construir una microcentral en el río de aguas cristalinas que cruza junto al pueblo y forma una cascada que constituye el mayor orgullo del municipio y su más promocionado atractivo turístico. Es tanto el arraigo de los habitantes de San Carlos por sus ríos y quebradas que este año realizarán la versión número XXV del Festival del Agua. Además, llaman a su municipio, ‘La costica dulce del oriente antioqueño’.

El agua también es el motivo principal para que Flor Gallego, del Movimiento por la Vida y el Territorio (Movete), haya llegado a este encuentro. Viene de El Carmen de Viboral. Dice que en la vereda La Esperanza, el Estado le va a entregar a una empresa particular siete kilómetros de la quebrada La Hundida para la construcción de una microcentral.

Los campesinos están tan preocupados por los posibles efectos negativos de estos proyectos, que alguno de ellos preguntó durante el encuentro por qué razón ese punto no está incluido en los diálogos de La Habana. Otros pidieron que se incluya, pero los delegados del Gobierno explicaron que la agenda con esa guerrilla quedó definida al finalizar la fase exploratoria.

Aunque el tema de los megaproyectos es un asunto que preocupa a diversas comunidades en el país, hasta ahora ha tenido un tratamiento regional. En el caso del oriente de Antioquia, por ejemplo, la persona designada para responder a las inquietudes de los campesinos es Santiago Villegas, el director de Planeación de Negocios de Generación de las Empresas Públicas de Medellín, EPM.

El delegado de EPM señala que todos los proyectos de desarrollo tienen impactos negativos y positivos y que la intención de la empresa siempre es maximizar los positivos y minimizar los negativos para que todos se beneficien.

Estos argumentos no convencen a curtidos dirigentes sociales, como Rodrigo Alberto Urrea Marín, expresidente de la Junta Comunal de Puerto Garza, quien afirma que los megaproyectos hidroeléctricos del oriente antioqueño han ocasionado la desaparición de pequeñas comunidades que se desplazaron hacia diferentes municipios debido a que les tocó entregar sus tierras o se alteró en forma dramática su forma de vida.

Al final los invitados se sentaron a discutir en mesas de trabajo los diferentes problemas. Al fin y al cabo, ese es uno de los propósitos de estos encuentros: comenzar a construir otro país, sin necesidad de acudir al poder de los fusiles.

Otras inquietudes

Los asistentes también plantearon

* Cuál será el papel de los medios de comunicación durante el posconflicto

* De qué manera se garantizará que los desmovilizados se inserten en la vida laboral

* Qué políticas impulsará el gobierno nacional para recuperar el tejido social y la productividad en las regiones afectadas por la actividad guerrillera.