Colprensa | LA PATRIA | Cartagena
La preocupación que viven 108 familias en Cartagena por un inminente desalojo de 16 edificios puede que se repita.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le pidió a la Alcaldía que evaluara con urgencia otras 61 edificaciones que no cumplen con las normas urbanísticas.
El jefe del Ministerio Público advirtió que frente a la gravísima tendencia, se deben examinar estas propiedades restantes, teniendo en cuenta que el Distrito encontró en junio del año pasado 77 edificios que fueron construidos con irregularidad en sus licencias y con dudosos procesos de ingeniería estructural, de los cuales 16 de estos pertenecen a los Quiroz.
Con el propósito de evitar que esta problema se vuelva sistémico, el jefe del órgano de control reclamó un corte de cuentas para que las nuevas construcciones no presenten fallas estructurales que sigan defraudando la confianza y vulnerando los derechos de la ciudadanía.
Dejar sus casas no es una opción para las primeras 108 familias, al menos hasta que las autoridades locales les otorguen "condiciones y unas garantías iguales o mejores a la forma en que estamos viviendo porque nosotros no somos invasores de este edificio, somos propietarios", explica el historiador Óscar Ballesteros.
La pesadilla comenzó para ellos el jueves, cuando el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño, decretó el estado de calamidad pública y ordenó el desalojo de 16 edificios, todos ellos levantados por un polémico constructor, Wilfran Quiroz.
La empresa del mismo hombre era la que construía el edificio Blas de Lezo II, que se derrumbó el pasado 27 de abril del 2017 en una tragedia en la que murieron 21 obreros y 26 más quedaron heridos.
Quiroz actualmente se encuentra en detención domiciliaria en un apartamento vecino de uno de los que el alcalde ordenó desalojar.
"El distrito (de Cartagena) en representación del Estado colombiano lo que ha hecho es revictimizarnos, criminalizarnos, maltratarnos, primero con la omisión que tuvieron con respecto a la otorgación de licencias y permisos para estas construcciones", dijo.
Y puntualizó que "aquí lo que se derrumbó son los sueños de muchas familias que creyeron estar construyendo ese sueño de tener vivienda propia, cosa que en este país es una vaina totalmente difícil".
El procurador le exigió a la Alcaldía el cumplimiento del Plan de Normalización Urbanística que permitirá la vigilancia técnica a las licencias expedidas de las curadurías urbanas, con prioridad en las construcciones que están en riesgo.
Irvin Pérez, secretario de Planeación de Cartagena, explicó que el Plan de Normalización Urbanística plantea para este 2018 el fortalecimiento de las inspecciones de Policía con el objetivo de fortalecer el control y vigilancia de los procesos constructivos en las diferentes localidades de la ciudad.
“La inversión es cercana a los 9 mil millones de pesos entre logística, apoyo técnico de las inspecciones y comisarías de la ciudad, y las actuaciones desde la Secretaría de Planeación.
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