Noticias de Manizales y Caldas,
Diciembre 10 2025
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COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura generó ayer en el Senado una dura fricción al interior de la mesa de unidad nacional, lo cual tuvo frenada la votación de reforma a la justicia por varios minutos.
Las posiciones se dividieron sobre si debía mantener o no el consejo, al punto que la votación inicial quedó en 32 por acabarlo y 29 por el no clausurarlo, lo cual obligó a reabrir la discusión, pero en el debate se le negó la posibilidad de hablar al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Tras una serie de críticas y de enfrentamientos verbales de varios senadores, la U y el Liberalismo anunciaron que volverían a votar el artículo de manera positiva, mientras que los conservadores pidieron les dieran un tiempo para tomar una decisión y acordaron acompañarlo.
El expresidente de ese partido, senador José Darío Salazar, fue quien planteó la oposición a apoyar el acuerdo de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.
El ministro Esguerra finalmente habló y señaló los problemas que se han venido presentado al interior del Consejo por lo que se hace conveniente eliminarlo.
Al final de la polémica el artículo fue aprobado por 65 votos a favor y cero en contra.
De ser aprobado el artículo para acabar el Consejo se crea el sistema de la administración y de la disciplina judicial, el mismo estará integrado por tres niveles de administración.
Uno es la Sala de Gobierno Judicial, integrada por cinco miembros, presidente de la Corte Constitucional, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Consejo de Estado, un delegado de los magistrados de tribunal y de los jueces y un delegado de los empleados judiciales.
En esa sala también estarán presentes con voz pero sin voto el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.
La Sala Ejecutiva de Administración Judicial, la integrará un delegado permanente de la Corte Constitucional, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado.
Y finalmente se crearía la figura del director Ejecutivo de Administración Judicial.
En lo votado también se aprobó que el período de los magistrados de las altas cortes será de doce años y no de 8 años. La norma plantea que incluso ese tiempo se le puede calcular a los actuales magistrados.
El artículo aprobado también revive en cierta forma la llamada coptación, que se entiende como la posibilidad de que los magistrados roten entre ellos mismos las curules. En adelante se propone se cree un concurso pero con condiciones especiales para esos reemplazos.
El ministro Esguerra se opuso a esa decisión porque consideró que no se le debería extender el período a los actuales magistrados.
La plenaria también aprobó la creación de una nueva comisión de acusaciones, conformada por nueve particulares, que reemplace a la actual y que sólo tendría como función realizar una investigación preliminar a los altos aforados del país (presidente de la República, vicepresidente, fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes).
Ese paso se le ha llamado como el antejuicio político al que se verán abocados los aforados. Esta nueva comisión deberá evaluar los fundamentos en que sustentan las investigaciones a estos aforados, para entregar a la plenaria de la Cámara la recomendación de si dan trámite a un juicio político, más no penal.
Los aforados antes mencionados sólo podrán empezar a ser investigados penalmente por la Corte Suprema de Justicia en el momento en que el Congreso de la República le envíe las pruebas, que según el legislativo, permiten ese proceso judicial.
La reforma a la justicia también incluirá normas referentes al Código Nacional de Policía para hacerlo más moderno y eficaz.
En tal sentido se aprobó que los conductores que manejen en estado de embriaguez no serán procesados penalmente sino que los llevarán por 36 horas a un centro de rehabilitación.
Una situación similar se hará con las personas que sean encontradas con el influjo de sustancias de estupefacientes o alucinógenos.
Un artículo más que se votó fue el controvertido, hasta un par de semanas, que para descongestionar a los juzgados de los procesos penales en curso se puedan contratar a abogados particulares y también facultar a los notarios para solucionar procesos considerados como menores.
La discusión de la reforma a la justicia que se cumple en su sexto debate en la plenaria del Senado, arrancó con un nuevo obstáculo. Se trata de la posibilidad de que los anónimos no sean tenidos como instrumento válido para iniciar un proceso contra los congresistas.
La polémica radica que en uno de los artículos que está por votarse señala que todas las denuncias contra los parlamentarios deberán ser presentadas por una persona identificada o una entidad jurídicamente constituida.
Esto cambia con la situación actual donde, con solo un anónimo se puede abrir una investigación a los parlamentarios en la Corte Suprema de Justicia.
La nueva norma, relacionada con la validez de los anónimos para denunciar, fue apoyada inicialmente por un grupo de más de 50 senadores que recogieron firmas para acompañar la votación respaldando la posibilidad.
Sin embargo, el presidente de la Comisión I, Luis Fernando Velasco, indicó que los ponentes de la reforma han propuesto que las denuncias que no tengan un denunciante publico (anónimas), sí deben ser tenidas en cuenta si se relacionan con casos de violación a los derechos humanos, y que el caso sea radicado por una persona que esté protegida.
Al respecto, Velasco explicó que entre esos delitos pueden estar: la toma de rehenes, la perfidia y el terrorismo, entre otros.
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