Una notificación a descargos que nunca llegó a su destinatario, un argumento de la defensa de violación del debido proceso y una supuesta falta de identificación de los miembros de la Unión Temporal Segundo Centenario (Utsc) fueron las causas de que la audiencia de caducidad del Túnel de La Línea tuviera sus primeros tropiezos.
La sesión, que estaba citada en las instalaciones del Instituto Nacional de Vías (Invías), inició a las 8:00 de la mañana del viernes con la lectura del informe de la interventoría en contra de los constructores de la megaobra.
Nora Muñoz, la directora jurídica del Invías, duró cerca de una hora y media leyendo los cargos de los constructores, quienes son acusados de no cumplir a cabalidad con el contrato de obra.
El túnel debería estar excavado el próximo 30 de noviembre, sin embargo, tanto el Gobierno como los constructores coinciden en que no alcanzará a estar listo para esa fecha.
Si bien se esperaba que en la audiencia de ayer el contratista rindiera descargos ante el Invías sobre el proceso, esta tuvo que ser suspendida por tres horas mientras los funcionarios de la entidad gubernamental estudiaban las acusaciones a una supuesta violación al debido proceso.
El Invías habría enviado notificaciones a solo 10 de los 11 miembros de la Unión Temporal, omitiendo así a la firma Condux S.A. con residencia en México.
El día 12 y 13 de septiembre llegaron las cartas para Herrera Fronpeca , Álvarez y Collins, Carlos Collins, Montercalo Vías, Túneles de Colombia, Construirte, Gayco y HH Arquitectura. Mientras que la de la compañía mexicana fue devuelta al Invías.
“Esto podría terminar siendo como un Conmsa (...) Si me toca meter dos años de tutela las meto”, aseguró la abogada de la Unión Temporal, Patricia Mier.
La jurídica del Invías argumentó que con la notificación al representante legal de la Unión Temporal era suficiente para seguir con el proceso.
EL GOBIERNO ESTÁ DISPUESTO A CEDER
En el encuentro regional “Qué espera el Eje Cafetero del Segundo Mandato del Presidente Santos”, que se realizó ayer en Pereira, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, aseguró que el Gobierno está dispuesto a darle una segunda oportunidad al contratista, si el mismo demuestra que cuenta con los recursos para finalizar las obras estipuladas en el contrato. El Vicepresidente dijo que si se llegara a surgir un proceso de caducidad se montaría un plan de contingencia para realizar el mantenimiento respectivo de las obras que ya se encuentren terminadas.
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