COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Un difícil camino legislativo y legal es el que empezó desde esta semana a tener la Justicia Especial de Paz (JEP) la cual aunque ya tiene a sus 51 magistrados, aún le faltan las leyes que la habilitan en su funcionamiento, las mismas a las que desde ya le anticiparon una oposición que va desde un referendo para desmontarla y una votación negativa de parte de un partido que fue socio del gobierno en el proceso de paz.
Ayer, ante la Registraduría Nacional, el Centro Democrático inscribió el comité promotor para convocar un referendo revocatorio de todas las normas que hacen parte hoy de la Constitución Nacional, entre ellas la JEP, con las que se dio paso a la desmovilización de las Farc y una serie de beneficios.
Bajo el nombre de resistencia civil, el uribismo espera recoger 1'783.571 firmas equivalentes al 5% del censo electoral, como lo establece el artículo 377 de la Constitución, para que los colombianos decidan en un referendo si derogan los actos legislativos de JEP, blindaje de los acuerdos y participación política de las Farc.
La senadora Paloma Valencia defendió este mecanismo para buscar otro referendo, porque según ella “se incorporó a la Constitución una aval para que los criminales de lesa humanidad puedan hacer política”. Junto a Valencia el comité promotor lo integran la senadora Paola Holguín y el representante Hernán Prada.
Sumado al Centro Democrático el tramite legislativo de la ley se dificultó para el gobierno con el anuncio de Cambio Radical de no votar el proyecto, esto ante las críticas que hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien expuso ante el Congreso una serie -según él- de micos que lleva el proyecto, en especial porque da impunidad, premia a los reinsidentes que se desmovilizaron y no hay precisión en la entrega de los bienes de la exguerrilla de las Farc.
La ley, que es estatutaria, requerirá de mayorías calificadas; es decir, más de la mitad. En este caso se prevé que en la semana próxima pueda avanzar en la votación del informe de ponencia –el primer aval que debe tener legislativamente-, luego se empezará a votar y según el presidente de la Comisión Primera del Senado, Roosvelt Rodriguez, se sacarán los artículos que no tienen mayor discusión o propuestas modificatorias.
De esa forma, según Rodríguez, sería en la segunda semana de octubre cuando las comisiones estarían votando el grueso de los artículos polémicos. Si los tiempos se cumplen según lo previsto, el proyecto estaría llegando a ser discutido por las plenarias de cada corporación en la última semana de octubre y de ser aprobado terminaría en la segunda semana de noviembre.
Pero ante la importancia del tema para ir implementando la misma, especialmente luego de que se conocieron los nombres del 51 magistrados de la JEP, el presidente de la República firmó un decreto con el cual empieza la implementación de la misma. De igual forma, el Gobierno Nacional reiteró que la estructura de la JEP ya tiene presupuesto, descartando algunas críticas que aseguraron que no hay recursos.
Pero en medio del anuncio de Cambio Radical de no votar la ley, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, quien es miembro de esa bancada envió este jueves una carta al Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, en donde le explica cómo se ha avanzado en reglamentar la JEP y en particular aclarar aspectos como la responsabilidad de mando. En líneas generales Lara defiende el alcance de esa justicia especial transitoria.
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