El duro camino para que las víctimas obtengan justicia

MARÍA PAULA RODRÍGUEZ

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

En uno de los dos volúmenes del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica El derecho a la justicia como garantía de no repetición se hace un recuento histórico entre 1985 y 2012, acerca de la larga travesía que ha recorrido el país en pro de reconocer los derechos de las víctimas y de cómo, poco a poco, se han fortalecido las instituciones y hasta el mismo Estado en pro de reconocer los derechos humanos en Colombia.

En el segundo tomo se cuentan cinco historias de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, tortura y violencia sexual; todo esto frente a sus familias quienes luchan por hacer reconocer sus derechos y determinar los responsables de los ataques. Según el informe, el derecho a la justicia que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos no ha existido siempre tal como lo conocemos hoy en día.

De acuerdo al Centro, para 1985 solo el 20% de los crímenes llegaban al conocimiento de las autoridades, y de estos, solo el 4% obtenían una sentencia. Además, el sector judicial era asediado con el constante asesinato de sus funcionarios. La década de los 80 no solo fue violenta para el país, sino que no existían los instrumentos jurídicos para incidir y poner algunos frenos al ejercicio abusivo del poder.

Tarcisio Medina

Según el informe, el camino hacia la justicia lo abrieron las mismas víctimas quienes junto a líderes sociales conformaron lo que hoy en día se conoce como organizaciones de los derechos humanos en Colombia. En el segundo volumen se cuentan varias historia, una de ellas, la de Tarcisio Medina Charry, víctima de desaparición forzada.

Este estudiante de literatura y lingüística de la Universidad Surcolombiana desapareció el 19 de febrero de 1988 en Neiva (Huila) cuando la Policía Nacional lo detuvo tras ser sindicado de guerrillero, todo por llevar en su mochila el periódico Voz Proletaria, medio de difusión del partido comunista.

Compañeros del estudiante, aseguraron que tras salir de una conferencia en la universidad, la Policía lo capturó. En las investigaciones realizadas por las autoridades se constató que en los libros de registro de las autoridades de personas retenidas esa noche, no se dejó constancia del ingreso de Tarcisio.

“Han pasado 26 años desde su detención y las autoridades aún no han informado sobre el paradero de Tarcisio”, asegura el Centro de Memoria Histórica. Asimismo, señala que algunas autoridades afirmaron a sus familiares que el joven no estaba desaparecido, sino que se encontraba en la guerrilla.

La nueva constitución

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 se prometían cambios políticos y jurídicos, dejando de lado la tradición conservadora, legalista y excluyente de la anterior constitución de 1886. Pese a este cambio Constitucional, entre 1997 y 2001 en Colombia se registró un promedio 78,6 homicidios por cada cien mil habitantes, uno de los promedios más altos del mundo y el más alto de América Latina.

Para resaltar, tras la entrada en vigor de la Constitución del 91 están la promoción de nuevos debates y la participación, así como el incremento de la conformación de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en el país.

Esta lucha, llevó al fortalecimiento de la defensa de los derechos, la lucha por la justicia y los mecanismos para la búsqueda de la satisfacción de este derecho. Este tipo de casos llegaron a instancias internacionales.

En este contexto adverso, la familia de Medina lucha contra la desatención del Estado y por la falta de conocimiento de las herramientas legales, así como con el desconocimiento de las instituciones indicadas para denunciar la desaparición de Tarsicio.

De esta manera, el informe asegura que la comunicación formal de las autoridades penales con la familia de Tarcisio solo se empieza a evidenciar a partir de 1994, seis años después de iniciada la investigación, “cuando se presentó ante la Fiscalía Regional en Bogotá una demanda para constituirse en parte civil dentro del proceso penal, a través de la entonces Comisión Andina de Juristas”.

Asimismo, el prejuicio acerca de que Tarcisio era guerrillero, se convirtió en un obstáculo para la familia. Esto se ve reflejado cuando, según el informe, la madre entrega una fotografía de su hijo al Coronel de la Novena Brigada y días después recibe unos volantes que un helicóptero de esta institución arrojó con el mensaje: “Tarcisio Medina Charry era del cartel de Cali y que se había robado unas canecas de éter, y que las tenía que poner en Garzón, Huila y que él se había robado esa plata”.

Para 1995, el Tribunal Administrativo del Huila reconoció por primera vez que la Policía Nacional fue la responsable de la desaparición de Tarsicio. Y para 1998 la CIDH encontró que el Estado colombiano era responsable por las violaciones de derechos humanos a las que fue sometido el huilense.

Una condena ridícula

Según el informe, entre 2004 y 2012, se crearon y fortalecieron instituciones y mecanismos tendientes a mejorar la investigación y juzgamiento del delito de desaparición forzada en Colombia.

Sin embargo, en el caso de Tarcisio tras 15 años de su desaparición, un juzgado penal de Neiva, condenó al teniente César Augusto Orozco por el delito de secuestro simple, a una pena de 45 meses de prisión y al pago de 648 millones de pesos. Para la familia la condena fue “ridícula” e indignante, no solo por el poco tiempo, sino porque según ellos, el sindicado nunca ha estado preso y tampoco les ha dado el dinero.

El caso de esta víctima de desaparición forzada solo es una parte de la recopilación que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, que al agrupar los testimonios de víctimas de diferentes delitos en todo el país, concluyó que un fortalecimiento en aspectos como la comunicación entre el Estado, las organizaciones sociales y las víctimas, y de los escenarios para la búsqueda de justicia, haría más sencillo el camino para las familias de los afectados por el conflicto armado.

Asimismo, el Centro tampoco desconoce la importancia de la satisfacción de la reparación, la confianza en la capacidad del Estado y de reducir la complejidad del sistema judicial; todas estas herramientas ayudarían a esta problemática que en vísperas del posible fin del conflicto con las Farc, se vuelve más latente.

Destacado

Fueron dos años de trabajo con un equipo de psicólogos, politólogos, trabajadores sociales y abogados, que no solo documentó en el informe El derecho a la justicia como garantía de no repetición tres décadas de aplicación de justicia penal en medio de los avances en la degradación de la guerra, sino cómo el esfuerzo de las organizaciones sociales o las familias de las víctimas fueron más eficaces en la búsqueda de la verdad que el propio sistema judicial.