El caso Merlano se movió entre renuncias e investigaciones

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El proceso que buscaba esclarecer la corrupción electoral en la Costa Caribe sufre un revés de marca mayor, con Aída Merlano en la clandestinidad. La gravedad del tema pasa a un segundo plano en medio de los coletazos y las decisiones de la cinematográfica fuga protagonizada por la excongresista conservadora condenada a 15 años de prisión y por la cantidad de memes e historias que circulan por redes sociales.

Al margen de la tragicomedia en la que se convirtió el episodio, el interrogante es qué pasará con la investigación solicitada por la Corte Suprema de Justicia en contra de barones electorales de esa región, sobre quienes recaía la sospecha de estar detrás de la compra de votos para alcanzar curules en corporaciones territoriales y nacionales.

El senador Arturo Char, el representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña y la diputada Margarita Ballén son los nombres que figuraban en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que fijó la condena en contra de Merlano Rebolledo.

Sin embargo, esos no fueron los únicos nombres mencionados en la providencia. Los concejales Aissar Castro, Vicente Támara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Llinás, y los empresarios Julio Gerlein, Edwin Martínez Salas, José Manzaneda, Yahaira Calle, Adriana Blanco, Eveling Carolina Díaz Díaz, Carlos Rojano Llinás, Lilibeth Llinás y Ana Nieble también figuran en el fallo.

Los rumores en Barranquilla es que hay un aire de tranquilidad tras el escape protagonizado por la política conservadora por quien, en principio, ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que condujera a su captura. Una suma que para los colombianos fue irrisoria ya que, como se recordara, cuando se produjo el allanamiento en la famosa Casa Blanca de Barranquilla, las autoridades reportaron el hallazgo de 260 millones de pesos que tenían destinados a la compra de votos.

Las decisiones

Mientras en el Gobierno buscaban explicaciones y responsables, las redes sociales se inundaban de memes y mensajes cómicos ante un hecho que puso de presente la vulnerabilidad del sistema de custodia carcelaria.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, 24 horas después del escape, pidió las renuncias del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general William Ernesto Ruiz, y de la directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Muñoz.

El anunció fue divulgado tras una reunión en la sede del Ministerio, que tuvo lugar en la mañana. En principio se tenía previsto una rueda de prensa, pero finalmente optaron por la entrega de un video a los medios de comunicación, para evitarse la ronda de preguntas.

Merlano, de ser recapturada, su proceso judicial se engrosará con el cargo de fuga de presos, lo que incrementará los 15 años de pena por delitos electorales.

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación y la suspensión por tres meses de ocho funcionarios que estuvieron inmersas en el traslado de la interna. Se trata de la propia Diana Muñoz, Katherine Lozano Forero, subdirectora; David Alexánder Álvarez Cárdenas, comandante de custodia y vigilancia; Julián Segundo Pérez, inspector jefe, y los dragoneantes Yudit Natalia Espinoza Gil, Juan Carlos Becerra Cruz, Diana Montoya Ramos y Luis Alejandro Ballesteros Rincón.

Llama la atención que no esté el general Ruiz. Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que ayer que adelantó una inspección en la sede del Inpec y, es posible, que de allí se desprenda un expediente en contra del uniformado.

Álvarez Cárdenas hace un par de meses tuvo un altercado con la propia Merlano, quien elevó una queja por, según ella, las constantes vulneraciones a los derechos cometidos por el uniformado. En su momento, Merlano anunció que elevaría una denuncia en su contra, pero nunca se materializó.

Lo que se investiga ahora es si Álvarez tuvo que ver con el cambio del nivel de seguridad de la política. En el Inpec se tienen categorizaciones para los internos de acuerdo a su condición de riesgo y con base en ellas es que se establecen las medidas que se toman en el momento de un traslado a una audiencia o a una cita médica.

Los de primer nivel requieren un esquema conformado por un grupo especial de operaciones integrado por personal capacitado en el manejo de armas y protección de personas privadas de la libertad. Portan, además, escudos blindados y entre todos los uniformados deben salvaguardar la vida e integridad del reo.

En ese nivel estaba, hasta hace unas semanas Merlano Rebolledo. Pero, no se sabe a razón de qué y con autorización de quién pasó a nivel tipo dos, que implica una seguridad mínima compuesta por entre dos y tres custodios. Las sospechas apuntan a que Álvarez, por su cargo, habría facilitado ese cambio.

En poder de las autoridades está la remisión 6132207, firmada por el propio Álvarez, en la que da el aval para la salida de Merlano y en la casilla en la que se deben precisar los requerimientos se lee “NO”.

Las grabaciones

Ayer se conoció el modus operandi de Merlano para saltar desde una ventana del centro médico La Sabana. La hoy prófuga se cambió en el consultorio, donde personas le ayudaron a su escape. De un bolso saca la cuerda roja que ella misma amarra a la pata de un mueble y la arroja por la ventana.

Personas, que hoy son investigadas por la Fiscalía, le ayudan y se despiden de ella. El odontólogo que la atendió hace lo propio, le da un abrazo y sale del consultorio cerrando la puerta. En ese momento, Merlano mira hacia afuera y salta con el desenlace ya conocido.

Señalan a oficial (r) del Ejército

Un teniente coronel retirado del Ejército y a quien las autoridades identificaron como Javier Guillermo Cely Barajas sería la persona que ayudó a Aída Merlano a fugarse. Cely Barajas fue subdirector científico de Sanidad Militar y fue retirado de las filas en 2016.