JORGE GIL ÁNGEL
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La posición geográfica de Colombia, con costas en el Atlántico y el Pacífico, y los altos índices de deforestación, hacen que el país sea vulnerable al cambio climático, por lo cual el Gobierno defiende en Glasgow incentivos económicos de la comunidad internacional para las inversiones en "acción climática estructural".
En los últimos años el país ha sentido la devastación causada por fenómenos naturales como la sequía causada por el calentamiento de las aguas del Pacífico (El Niño), las inundaciones en la costa atlántica por La Niña, la acelerada erosión costera en el Caribe y huracanes fuera de sus rutas habituales, como el Eta, que arrasó la isla de Providencia en 2020.
Para hacer frente a esos fenómenos, el gobierno colombiano además de proponer que los gastos e inversiones en esta materia queden al margen de la regla fiscal, quiere una mayor implicación de los países ricos en esta lucha.
Así lo manifestó el presidente, Iván Duque, en Glasgow, donde presentó una propuesta para que "a través del sistema multilateral pueda haber esquemas de condonación o compensación de deuda para lograr objetivos ambientales que tengan relación directa con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero" por los países más pobres.
Duque también presentó una ambiciosa estrategia medioambiental llamada E2050, con la que el país busca reducir en un 51% las emisiones de gases efecto invernadero para el año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050.
Meta ambiciosa
La directora de Greenpeace Colombia, Silvia Gómez, dijo que esa meta es bastante ambiciosa, en especial si se la compara con las de otros países de la región que son mayores emisores de CO2.
Sin embargo, se pregunta "qué tan coherente está siendo el gobierno al salir con un discurso progresista, piloto, realmente de vanguardia" cuando sus políticas internas van hacia otro lado.
Gómez explica que el gobierno no tiene fuerza para frenar la explotación petrolera mediante el "fracking", que puede contaminar fuentes de aguas subterráneas, o que el país no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer pacto medioambiental en Latinoamérica.
"Este también es un gobierno que tiene planes para abrir nuevas plantas de carbón cuando todos los gobiernos europeos han decidido frenarlas para 2025", añade.
Selvas perdidas
Otro problema del país es la deforestación, que en 2020 le costó la pérdida de 171.685 hectáreas de bosques, un aumento del 8% con respecto al año anterior cuando fueron taladas 158.984 hectáreas, explotación de la que no se salvan ni los Parques Nacionales Naturales, donde se perdieron 15.886 hectáreas el año pasado.
Las principales causas de la deforestación son la praderización, para convertir áreas de bosque húmedo tropical en pastizales para la ganadería, la implementación de malas prácticas de ganadería extensiva, la siembra de cultivos ilícitos para el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales.
El plan del gobierno es que Colombia tenga deforestación cero en 2030 -que complementa con la meta ambiciosa de sembrar 180 millones de árboles- y tener un 30% de su territorio en áreas protegidas.
Sin embargo, una herramienta para lograr esa meta es el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y apoyo a los derechos humanos, pero el Congreso hundió este año su ratificación. La iniciativa fue radicada de nuevo esta semana en el legislativo.
Deshonroso primer lugar
En 2020 Colombia encabezó por segundo año consecutivo la deshonrosa estadística mundial de líderes ambientales asesinados, con 65 homicidios, según el informe "Última línea de defensa", de la ONG británica Global Witness.
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