Diálogos 'modelo 2012', proceso diferente al del Caguán

COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ

El proceso de diálogo entre el Gobierno y las Farc, que comenzó oficialmente ayer con el anuncio formal del presidente Juan Manuel Santos y del líder de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’, no tiene similitudes con iniciativas anteriores, principalmente con la del Caguán, que dejó un mal sabor entre los colombianos, según el mandatario. Por eso, este proceso ‘modelo 2012’ ha despertado tantas expectativas como incertidumbres.

Según el presidente Santos, esta vez es diferente porque se trata de no repetir los errores del pasado y, principalmente, porque es un acuerdo fundamentalmente para terminar el conflicto. Es una hoja de ruta que define con precisión los términos de discusión para llegar a un acuerdo final.

También es distinto porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Además, las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia: comenzarán en Oslo (Noruega), en la primera quincena de octubre, y luego continuarán en La Habana (Cuba).

Otro aspecto que lo diferencia es que las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado, y no se medirán en años, sino en meses. “En todo caso, acordamos que la duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo y, si no hay avances, sencillamente no seguimos”, advirtió el Presidente.

El acuerdo establece un proceso con una estructura clara de tres fases: la primera, que definió una agenda cerrada y unas reglas y procedimientos para evacuarla, que es lo que ya se firmó; la segunda, que estará enmarcada en sesiones de trabajo reservadas y directas con discusiones sin interrupciones y sin intermediarios, sobre los puntos acordados para llegar al Acuerdo Final; y la tercera, que es la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y participación ciudadana.

Por último, este acuerdo es diferente a los anteriores porque contiene una agenda realista sobre cinco puntos concretos: el desarrollo rural, las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana, el fin mismo del conflicto armado, el narcotráfico y los derechos de las víctimas.

Los anteriores

Al echar una mirada al pasado, se pueden confirmar las diferencias del proceso que comenzó oficialmente este martes con el proceso del Caguán, en términos de la agenda.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, no se materializó ningún proceso porque para ese gobierno las posibilidades de diálogo estaban supeditadas a la reducción al máximo de la capacidad militar de esa guerrilla para llevarla casi derrotada a una mesa de negociación.

Uribe condicionó cualquier proceso de negociación a la declaratoria de un cese unilateral de hostilidades por parte de las Farc. Por su lado, los pronunciamientos de esa guerrilla respecto de una agenda de negociación abordaron el acuerdo humanitario (o canje de guerrilleros presos por miembros de la Fuerza Pública secuestrados).

De otra parte, esa guerrilla insistía de tiempo atrás en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. En este periodo también pidieron el despeje de los municipios de Florida y Pradera, en el Valle, para adelantar un proceso de diálogo.

Con Andrés Pastrana, para iniciar los diálogos en 1998, las Farc exigieron una zona desmilitarizada que abarcaba 40 mil kilómetros cuadrados y que incluía los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena y Vista Hermosa, en el Meta, y San Vicente del Caguán en el Caquetá. Eso se les concedió y fue creada la Zona de Distensión, a partir del 7 de noviembre de 1998.

A diferencia del proceso ‘modelo 2012’, en el que el presidente hizo el anuncio desde la Casa de Nariño, acompañado por la cúpula militar y el gabinete ministerial en pleno, y el líder de las Farc, Timoleón Jiménez, ‘Timochenko’, se dirigió al país desde un lugar indeterminado, en 1999 Andrés Pastrana y Manuel Marulanda –entonces jefe máximo de las Farc– firmaron un comunicado en Caquetania el 2 de mayo de ese año.

La posición dominante con que las Farc habían llegado a la mesa de negociación se evidencia al observar el abanico de 12 puntos consignados en la ‘Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia’, suscrita en La Machaca, el 6 de mayo de 1999. Cada punto estaba conformado a su vez por varios ítems.

Esa agenda contemplaba: 1) solución política negociada, 2) protección de los derechos humanos como responsabilidad del Estado, 3) política agraria integral, 4) explotación y conservación de recursos naturales, 5) estructura económica y social, 6) reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico, 7) reforma política para la ampliación de la democracia, 8) reformas del estado, 9) acuerdo sobre Derecho Internacional Humanitario, 10) Fuerzas Militares, 11) relaciones internacionales y 12) formalización de los acuerdos.

En el ‘modelo 2012’, según el presidente Santos, un proceso para terminar el conflicto solo es posible si sigue tres principios: aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas, lograr efectivamente el fin del conflicto –no su prolongación–, y no ceder un solo milímetro del territorio nacional.

Los puntos

- Desarrollo rural

El mandatario dijo que eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo y que se repartirá la tierra de manera más equitativa por todo el territorio.

- Garantías para el ejercicio de la oposición

Se busca que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor, y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas.

- El fin mismo del conflicto armado

“Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación”, señaló el mandatario.

- Combatir el narcotráfico

“Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance”, manifestó Santos.

- Derechos de las víctimas

Satisfacer los derechos de las víctimas, “eso significa emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad porque no sólo las víctimas, sino todos los colombianos, tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables”, manifestó el presidente.

Fusilamiento de Grannobles no obedece a purga interna

El posible fusilamiento de Noé Suárez Rojas, alias ‘Germán Briceño’ o ‘Grannobles’, el tristemente célebre jefe guerrillero de las Farc en Arauca, no significa que esa organización guerrillera esté desarrollando un purga en el interior de sus filas ni tiene que ver con los diálogos de paz que comenzó a adelantar esa guerrilla con el Gobierno Nacional.

Así lo explicó Ariel Fernando Ávila Martínez, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado, de la Corporación Nuevo Arco Iris, la ONG que dio a conocer la noticia del ajusticiamiento del cabecilla insurgente, que habría ocurrido en enero de este año, de acuerdo con informaciones de desmovilizados, la comunidad e inteligencia militar.

“Lo que hay que entender es que las Farc no son un cartel. Están metidos en el narcotráfico y economías ilegales, pero no funcionan como un cartel, e intentan controlar todavía su tropa”, explicó Ávila Martínez, quien añadió que el ajusticiamiento de ‘Grannobles’ tampoco guarda ninguna relación con el proceso de negociación que comenzó el Gobierno con esa guerrilla.

El analista también aseguró lo que evidencia que la muerte de Grannobles no obedece a una purga interna en las Farc es el hecho de que no mataron a su compañera sentimental.

Explicó que, en eso casos, los insurgentes hacen un juicio revolucionario con cuatro o cinco delegados que envía el propio Secretariado y analizan el tema. “No es a discreción”. “En este caso, se rumora que no fue ejecutado en territorio venezolano, sino que lo habrían movido a Colombia”, dijo.

También hizo énfasis en que el caso de Grannobles demuestra que una estructura armada que no tenga una capacidad de control llega a niveles de degradación. Eso, pese a que ‘Grannobles’ era “un tipo formado políticamente. Tampoco era cualquiera”.

Comunidades rurales y minorías étnicas piden inclusión

Diversas asociaciones de minorías en todo el territorio nacional enviaron una carta al presidente, Juan Manuel Santos, al secretariado de las Farc y al Comité Central del Eln, en la cual celebran los acercamientos a la paz.

"Prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables", señala la misiva.

"La paz es un proceso que solo se logrará en una democracia con derechos para todas y todos", dice uno de los apartes del documento firmado por asociaciones campesinas, de familias víctimas de la violencia, resguardos humanitarios, zonas de reserva, concejos comunitarios de diversas étnias, de los departamentos del Cauca, Meta, Putumayo, Chocó y Valle.

La comunidad asegura estar "llena de esperanza" al haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno nacional, así como la reiteración del Eln de ser parte de un proceso y expresa su respaldo para dar fin al conflicto armado.

En la carta también se reprocha la estrategia bélica que busca "someter a las guerrillas cuando se puede dialogar y concertar", la cual sólo representa costos "humanos, sociales, ambientales y económicos".

"Es hora de empezar la reconstrucción del país, de fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario el proyecto de paz será imposible para las próximas generaciones", indican en la comunicación.

La unión de gremios resalta que "se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme", sino también por parte de "empresarios, de la clase política y dirigente" para desarrollar un acuerdo "que no afecte la decisión que apoyamos todos de que la guerra debe terminar".

Finalmente, el documento propone que en los acuerdos de aproximación se defina un cese bilateral del fuego, garantías para la libertad de expresión, el acceso garantizado a medios de información y "el derecho a la paz es de todas y de todos", dijeron.