El abogado y escritor Enrique Quintero, quien dicta clase en la Universidad de Manizales, recibió en los 80 clases de derecho internacional con el brasileño Antonio Cançado Trindade, hoy uno de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia que modificó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, en favor del primero.
Ambos llegaron a tocar el tema en aquella época, y desde entonces, cuenta Quintero, veían claro que los errores de este embrollo se habían cometido desde la primera mitad del siglo XX, tras la firma del tratado Esguerra-Bárcenas. LA PATRIA habló con él.
¿Por qué dice que los errores se cometieron desde un comienzo?
El tratado Esguerra-Bárcenas fue de delimitación territorial terrestre. Tras la venta de Panamá quedó un pedazo de Colombia al norte de ese país, un enclave nuestro en tierras de Nicaragua. En el tratado se cedió ese terreno y, como contraprestación, acordaron el reconocimiento de la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así se firmó el tratado en 1928, pero apenas en 1930 hicimos el canje de ratificaciones, durante el que se cometió un error gravísimo: los encargados agregaron un acta con la delimitación marítima, y ahí fue cuando se inventaron el Meridiano 82 para separar las aguas. En el 2007 la Corte dijo, precisamente, que ese acta no hacía parte del tratado, de modo que eso no existe. Desde eso ya se sabía que el fallo de ahora iba a ser así. Ahora la Corte hizo una delimitación, que es la que no le gusta a Colombia.
El tratado estuvo vigente desde 1930. ¿Qué pasó luego?
Todo siguió tranquilo hasta 1980. O sea, 50 años de ejecución y respeto del tratado. Ese tiempo es sumamente importante porque en derecho internacional hay una figura denominada estoppel, que indica que un tratado de límites se consolida cuando no ha sido protestado ni objeto de reclamaciones por un periodo considerable. Esto le daba la ventaja a Colombia.
¿Entonces qué falló?
En derecho internacional también existe la jurisdicción facultativa de las cortes internacionales, que diferencia los problemas internos de los internacionales. En los primeros uno no le pregunta al otro si quiere que lo demande; en derecho internacional sí. Es decir, un estado no puede ser demandado si no lo autoriza. Los sandinistas llegaron al 2001 con sus protestas y como Colombia no accedía a ceder territorio, le propusieron al gobierno de Andrés Pastrana que autorizara a Nicaragua para que demandara, y el gobierno aceptó. Ahí está el otro error de las relaciones exteriores colombianas. Es un problema grave que el Gobierno no quiere tocar, aunque quizá la canciller lo mencione con toda razón cuando dice que la responsabilidad no es de este gobierno, pues más la tienen las administraciones de Pastrana y Uribe.
¿Qué errores cometió el gobierno Uribe?
Dedicó dos largos años, pagando honorarios enormes a los mejores especialistas en derecho internacional, para que alegaran que la Corte de La Haya no era competente. Es decir, primero aceptamos que nos demandaran, lo que implicaba aceptar la competencia, y luego alegamos que la Corte no era competente.
Cuando uno ve el mapa nota que San Andrés está más cerca de Nicaragua que de Colombia. ¿En ese orden de ideas puede considerarse que la decisión fue justa?
Colombia se ha negado varias veces a reconocer ese argumento. El problema con esta decisión es que a la Corte, pudiendo hacer otras cosas, le dio por aplicar la equidad bajo criterios discrecionales. Esto lo hizo porque el marco jurídico, o sea la Convención de Jamaica de 1982, que es el Estatuto de derecho del mar, no ha sido ratificada por Colombia. En caso de aplicarlo a este caso, la Corte hubiera sido más clara y no hubiera hecho obras de caridad ni calculado que, como la relación de costas es de uno a ocho, entonces había que agregarle una ventaja a Nicaragua. Salieron con una cantidad de despropósitos, como los cayos enclavados.
Precisamente, ¿qué debe hacer Colombia en ese caso?
Negociar. Lo extraño es que Santos esté tan renuente, cuando arregló líos con Rafael Correa en Ecuador y Hugo Chaves en Venezuela. ¿Por qué no lo hizo con Daniel Ortega? Es necesario, primero porque es una decisión inapelable, y segundo porque la solicitud de una aclaración no cambiará el fallo. La norma internacional dice que los cayos no generan mar territorial, pero la Corte dijo: Colombia tendrá soberanía sobre los cayos y mar territorial. Entonces queda el cayo, de Colombia; el mar territorial, que son 12 millas de anchura en la franja del cayo, también de Colombia, pero todo eso dentro de un mar nicaragüense. Hay que buscar alguna concesión.
¿Eso justifica la declaración del presidente de rechazar algunos aspectos del fallo?
Es muy difícil decirle eso a un juez al que se le dijo: 'júzgueme usted'. Al Gobierno le queda acatar, así se ponga bravo. Acabaremos negociando con Ortega.
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