COLPRENSA | LA PATRIA
En carta dirigida al superintendente de salud, Norman Muñoz, y de la cual tiene conocimiento el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el defensor del pueblo, Jorge Otálora, solicitó a las autoridades de salud, un plan detallado con las medidas que se adoptarán para proteger el derecho fundamental a la salud de los 3 millones de afiliados a la EPS Caprecom, tras el anuncio de su liquidación.
Cabe recordar que esta EPS era la pública más grande del régimen subsidiado y sus adscritos eran población vulnerable, por tal razón Otálora considera fundamental que se informe a sus afiliados sobre el mecanismo que será utilizado para su traslado a otras entidades de salud con el fin de que no haya interrupción en la atención, ni en la entrega de medicamentos, ni citas médicas en las diferentes especialidades.
"Es necesario que se garantice la continuidad en la atención de los pacientes en condiciones de vulnerabilidad como menores de cinco años, gestantes, tercera edad, discapacitados y, particularmente, para aquellos cuyos tratamientos no pueden ser suspendidos dado que se pone en riesgo su vida, como es el caso de las personas con enfermedades renales y de alto costo", comentó el defensor el pueblo.
Estos son los puntos que contiene la misiva dirigida al superintendente de salud:
1. Garantizar la suficiencia de la red prestadora de servicios de salud en los diferentes niveles de atención, en los diferentes departamentos del país.
2. Garantizar la información sobre el proceso a los afiliados a Caprecom EPS en liquidación.
3. Garantizar el traslado de los afiliados con el fin de que no se produzca la interrupción en la atención en salud.
4. Garantizar el proceso de referencia y contrarreferencia de los pacientes a los niveles II, III y IV de atención.
5. Garantizar la continuidad de la atención de pacientes especialmente vulnerables como menores de cinco años, gestantes, tercera edad, discapacitados y crónicos (alto costo y renales).
6. Garantizar las citas médicas en las diferentes especialidades, dentro de los parámetros de oportunidad definidos por la propia Superintendencia.
7. Garantizar la entrega oportuna de medicamentos, en especial para los pacientes de alto costo.
8. Garantizar que no haya represamiento quirúrgico.
9. Garantizar la participación de las asociaciones de usuarios en este proceso.
10. Garantizar la continuidad de la atención de la población privada de la libertad, que actualmente está a cargo de Caprecom.
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