Efe | LA PATRIA | Bogotá
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, informó que la entidad identificó unos terrenos baldíos en Caquetá, que presuntamente serían usados por las Farc, para la explotación de cultivos ilícitos.
El jefe del ente investigador dijo que la dimensión de estos predios equivale a 186 mil 336 hectáreas. Dichos terrenos fueron puestos a disposición de la Agencia Nacional de Tierras para que sean administrados.
“El golpe más contundente se presentó en el sur del país, en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), con la colaboración del Ejército Nacional, allí fueron incautadas con fines de extinción de dominio 216 hectáreas, representadas en dos inmuebles, que fueron adjudicados por el Incoder, según evidencias, al parecer por órdenes de las Farc (…) Este territorio es igual de grande como el departamento del Quindío, y un poco más grande que Bogotá”, señaló el jefe del ente investigador.
Investigación
De acuerdo con el fiscal, la entidad iniciará una investigación para establecer si funcionarios del extinto Incoder, a través de maniobras fraudulentas traspasaron los folios de matrícula inmobiliaria, para que quedaran a nombre de personas vinculadas a las Farc.
“Devolvimos estas tierras al patrimonio de la Nación, estos predios ya estaban siendo objeto de legalización irregular de tierras, por lo que compulsamos copias para que se investiguen a los funcionarios del Incoder”, explicó.
Según el fiscal, estos terrenos están avaluados en $372 mil 672 millones, y estaban nombre de personas cercanas al Bloque Sur del Frente 14 de las Farc, identificados, como el Negro Quiroz y Luis Yamith Monroy.
“En el día de hoy (ayer) le hago la entrega oficial a la Agencia Nacional de Tierras los documentos de reintegro de estos predios, que tienen su registro catastral y están plenamente diligenciados y ahora vuelven a la Nación”, dijo el fiscal, y agregó que ante la presencia de cultivos ilícitos espera que se inicie con la erradicación inmediata en los terrenos.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, dijo que esta es una muestra del mensaje que se envía de que el peor enemigo de la paz es el despojo, que en este caso ocurrió en contra de todos los colombianos. “Esperamos consolidar la paz territorial que aspiran los campesinos del país, este terreno ahora será administrado, y vamos a iniciar el proceso de acercar a las personas que quieran trabajar la tierra”, señaló.
Pendientes de justicia transicional
Frente a la participación de los terceros, que fungían como funcionarios del Incoder, el fiscalNértor Humberto Martínez no precisó si estas personas podrán pedir ser juzgados por la Justicia Especial para la Paz, dado que para el jefe del ente investigador dicha competencia será definida cuando entre en vigencia la justicia transicional, por lo que por el momento seguirán investigados por la Fiscalía.
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