Corte estudiará dos demandas contra equilibrio de poderes

COLPRENSA | LA PATRIA

Las dos demandas que se han presentado en contra de la reforma de Equilibrio de Poderes fueron unificadas por la Corte Constitucional, que además aceptó estudiarlas. 

La segunda demanda fue presentada por el secretario del Colegio Nacional de la Judicatura, Jorge Gaitán, y por Sergio Sánchez, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, rechazando que se le haya negado la posibilidad a la Comisión de Disciplina Judicial de poder tramitar tutelas. 

Esto porque con la Reforma en vez de dar mayor protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, “lo que hace es recortar estas garantías, medida que resulta contraria al espíritu proteccionista de la carta política, pero al mismo tiempo desconoce la normativa internacional de protección y garantía de los derechos humanos conforme a los instrumentos internacionales acogidos por Colombia”. 

Para los demandantes, es claro además que dicha Comisión sigue siendo una Corporación judicial, con facultades jurisdiccionales, por lo que no se le puede restringir la posibilidad de conocer tutelas. 

Esta demanda fue unificada con la que presentó el pasado 14 de julio el abogado y exconcejal Flavio Eliécer Maya Escobar en contra de los artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del acto legislativo que eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, en sus salas Administrativa y Disciplinaria, reemplazándolas con el Consejo de Gobierno Judicial y con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente. 

La demanda viene con una petición de medida cautelar a fin de que se suspendan de manera provisional la entrada en vigencia de esos artículos, hasta que se estudie de fondo la acción. Según el demandante esta reforma puso en vigencia un “Estado de Derecho que es totalmente distinto” al consagrado en la Constitución de 1991. 

La demanda de Maya afirma que la Rama Judicial perdió su autonomía “por la injerencia del Ejecutivo, mediante los ministros del Despacho y los Jefes de Departamento Administrativo en las funciones del Consejo de Gobierno Judicial”. 

La demanda también cuestiona que los juristas ahora vayan a ser disciplinados por terceros, cuando en el país no existen Colegios de Abogados sino algunas organizaciones. Esto -dice- podría implicar “una privatización de la justicia”.