COLPRENSA | LA PATRIA | MEDELLÍN
Por haber participado del saqueo de los recursos de Córdoba, se cree que el exgobernador Alejandro Lyons podría haberse embolsillado ilegalmente cerca de 150 mil millones de pesos y eso que, aparte del cartel de la hemofilia y el saqueo a las regalías, aún está por saberse si su mano estuvo en el cartel del sida, recientemente descubierto. Sin embargo, el sistema judicial decidió que la información que posee el exmandatario sobre otro escándalo, el cartel de la toga, es tan valiosa que le merece una pena de cárcel de cinco años y una devolución de 4 mil millones de pesos.
Sin contar con que Lyons, de 36 años, se encuentra en Estados Unidos colaborando con el caso contra el exfiscal Gustavo Moreno, y que solo pagará su condena al terminar su participación (mientras tanto gozará de libertad en el país del norte).
Este hecho, por supuesto, despertó la indignación generalizada del país. Esta fue encabezada por el procurador, Fernando Carrillo y el contralor, Alejandro Maya, quienes no ocultaron su descontento: “Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”.
No es el único que podría salir ganando de la negociación con la justicia. Otros vinculados a escándalos que pudieron apropiarse de millonarios recursos podrían gozar de penas relativamente ligeras como la de Lyons.
¿Qué es lo que pasa? Este sistema de negociación hace parte de la llamada justicia premial, que busca evitar el desgaste del aparato judicial y agilizar las investigaciones.
Entre los juristas, existen divisiones frente a la conveniencia de este sistema. Algunos creen que los testimonios son vitales para desmantelar organizaciones criminales completas. Es decir, atacar la cabeza y no a los tentáculos del pulpo de la criminalidad. Otros consideran que no existen suficiente claridad en la fórmula para reparar a la sociedad en crímenes de "cuello blanco" y por ello, todo queda a discreción de fiscales y jueces.
Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba
* Estado del acuerdo: en firme
* Acusado del desfalco del cartel de la hemofilia en Córdoba
* 95 mil millones de pesos comprometidos
* Acusado del descalabro de las regalías de Córdoba
* Fiscalía lo acusa de 20 delitos
* Pagará 5 años y 3 meses de prisión
* Devolverá $4.000 millones de reparación
* Pagará su pena una vez termine su colaboración con Estados Unidos
Otto Bula, exsenador
* Estado del acuerdo: falta por aprobación
*Acusado de ser el enlace de Odebrecht con el Congreso
* Sería el medio por el que se entregaban los sobornos
* Habría recibido $19.773 millones de Odebrecht en coimas.
* Pagará 5 años y 6 meses de cárcel
* Devolverá $6.600 millones para reparación
* Entregará como parte de pago el predio La Bomba, en Córdoba.
Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción
* Estado del acuerdo: falta por aprobación
* Pieza clave en el escándalo del Cartel de la Toga
* Tendría información sobre el pago de 26 políticos para que se les altere sus procesos en la Corte
* Utilizó su puesto en la Fiscalía para cobrar por torpedear investigaciones
* Será extraditado en mayo a Estados Unidos para responder por lavado de activos
* Por beneficios, terminaría pagando no más de 7 años de cárcel
* Está recluido en una guarnición militar, acusando problemas de seguridad
Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte
* Estado del acuerdo: en firme
* Direccionó la contratación del otrosí Ocaña-Gamarra para Odebrecht
* Recibió 6,5 millones de dólares de coima por ese contrato
* Habría apartado del camino a otros competidores de Odebrecht para dejarles vía libre para ganar el contrato de la Ruta del Sol
* Pagará 5 años y 2 meses de cárcel
* Multado con 65,6 millones de pesos
* No podrá ejercer cargos públicos por 6 años
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