La decisión, revelada por La F.M, apunta a que el Gobierno deberá ampliar el proceso de liquidación de la empresa y así corregir las equivocaciones que hoy llevaron a la declaratoria de la nulidad del proceso por omisiones e irregularidades.
"El Ejecutivo introdujo una modificación que viola el ordenamiento jurídico vigente, por lo que se declarará su nulidad, pues la ley no distinguió entre los bienes afectos al servicio y los que no lo son, para efectos de excluir aquellos de la masa de liquidación", dice la sentencia.
La decisión señala además que en el proceso se violaron varias disposiciones del decreto Ley 254 de 2000 que señala las condiciones bajo las cuales el Gobierno puede fijar la liquidación de empresas estatales.
Entre estas está la necesidad de hacer un inventario técnico y avalúo para proceder al cierre de la liquidación, proceso que deberá hacer de nuevo el Gobierno. "Además el legislador dispuso que son necesarios el
inventario técnico y avalúo para proceder al cierre de la liquidación, lo que, como lo afirma la parte actora, también fue violado por el parágrafo", dice la providencia revelada por La FM.
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