
COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional por la muerte de 38 soldados y las heridas que recibieron 9 militares más durante un ataque de la guerrilla de las Farc a la Batería B del Batallón de Artillería Nº 13, en jurisdicción del municipio de Gutiérrez (Cundinamarca), el 8 de julio de 1999.
El comandante del grupo atacado había recibido información de inteligencia sobre un posible ataque guerrillero y de inmediato solicitó al comandante del Batallón ayuda para afrontar la situación, porque no contaba con los medios necesarios para defenderse.
La ayuda fue solicitada en repetidas ocasiones, tanto en forma radial y escrita pero, no obstante, el oficial encargado de atender los requerimientos consideró que él y la tropa que componían la Batería B “tenían mucho miedo y por ello los mandó por las ametralladoras y los proyectiles y todo lo requerido para que se defendieran”, señala la sentencia donde además se dice que el superior que atendió la petición de auxilio llegó, de manera burlona, a señalar a los uniformados que fueran a comprar las armas que requerían al Ley.
La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Mauricio Fajardo Gómez, encontró que los mandos superiores del Batallón de Artillería Nº 13 no solo omitieron prestar el apoyo material y humano solicitado de manera oportuna y reiterada, sino que además los abandonaron a su suerte en los momentos más intensos de un combate con el enemigo.
“Tal conducta, que no puede ser sino calificada de irresponsable, irrespetuosa, negligente y, por demás, burlona, que asumieron los oficiales superiores aludidos frente a la incesante solicitud de apoyo que elevaron los miembros de la Batería B ante la inminencia de un ataque guerrillero, además de colidir abiertamente con los principios de honorabilidad, responsabilidad y solidaridad, inherentes a la disciplina castrense, constituyó una inaceptable falta de respeto y a la vez un abierto desconocimiento a la dignidad humana de los hombres que se encontraban bajo su mando”, indica la sentencia.
El Consejo de Estado explicó que la conducta de los oficiales superiores refleja un desprecio total por el derecho fundamental a la vida de todos aquellos soldados, suboficiales y oficiales que con disciplina ejemplar continuaron cumpliendo sus órdenes y con su deber, sin contar con los medios ni el apoyo para ello.
El Ministerio de Defensa y el Ejército deberán indemnizar a las familias de los soldados muertos y heridos.
Además, se ordena que la sentencia sea incluida dentro del pénsum académico de todos los cursos de formación y de ascenso correspondientes a todos los grados de oficiales que se programen en cada una de las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional durante los tres años siguientes a su notificación, con el propósito de que se efectúe el análisis de los hechos contrarios a los principios y postulados éticos que orientan la Constitución Política y la disciplina castrense.
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