Comunidades a la espera de la reglamentación de consultas previas

Líderes de distintos sectores sociales, minorías étnicas y raciales en el país, difieren sobre la visión del Gobierno Nacional frente la protección de la diversidad e integridad de las comunidades en las zonas en las que se adelantan proyectos petroleros, mineros y de infraestructura.

Para dar garantías a las comunidades que residen en los territorios afectados y fomentar el desarrollo económico, existe el mecanismo de la consulta previa, cuya ejecución y vigilancia está a cargo del Ministerio del Interior, para dar participación a las minorías en la toma de decisiones de ese tipo de iniciativas.

Aun así, para José Santos Cabeza, vocero de la Cumbre Nacional Agraria, la consulta previa está siendo violada por las multinacionales en los territorios indígenas.

“Los afrodescendientes creemos que los funcionarios del Gobierno están bombardeando uno de los pocos mecanismos de participación de las minorías a costillas de un supuesto desarrollo”, denuncia el líder.

Incluso en el Senado advierten que el Gobierno no ha dado la importancia necesaria a la discusión, luego de que esta semana quedara aplazado, por inasistencia de varios ministros, el debate de control político que busca determinar que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y grupos étnicos, cuando se realizan este tipo de proyectos.

El senador citante Marco Aníbal Avirama, del Movimiento Indígena, asegura que es una muestra más de la discriminación de las minorías, alegando que siempre envían funcionarios ‘de tercera categoría’ que no están al tanto de cómo avanza el mecanismo.

“Dicen que los indios son la tranca del desarrollo, necesitamos que nos hablen con claridad, porque se están haciendo consultas a medias, necesitamos que estén las autoridades que deben responder”, pidió el congresista indígena.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Según explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la próxima semana la Corte Constitucional expedirá el Auto que fija los criterios de interlocución entre el Gobierno Nacional y las comunidades negras del país, para avanzar en la realización de consultas previas.

Esto luego de que el Alto Tribunal suspendiera la resolución que conformaba y reglamentaba la Comisión Consultiva de Alto nivel de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, por lo que actualmente, no hay cómo consultar legalmente a las comunidades afro del país.

"El Gobierno no ha podido sacar adelante la presentación de leyes tales como: el Código Minero, la Ley de Desarrollo Rural y la Ley que transforma las Corporaciones Autónomas Nacionales. Una vez se expida el Auto nos despejaría este camino para las consultas”, aseguró el funcionario.

LOS PROYECTOS

Hasta marzo del 2014, la cartera política ha realizado 690 protocolizaciones en el marco de 38 proyectos, es decir, se ha logrado aterrizar los acuerdos entre ejecutores y comunidades. Ya en 2013 se habían logrado 580 procesos similares.

De los 690 procesos, 160 pertenecen al sector minero, 7 al ambiental, 56 de medidas administrativas, 305 de hidrocarburos, 61 del sector energético y 101 de infraestructura. Actualmente existen 130 procesos de consulta previa en etapa inicial con 1300 comunidades étnicas.

La planta de regasificación del Caribe, la expansión de Cerromatoso, la Central Hidroeléctrica de Cucuana y la doble calzada Cartagena – Barranquilla, son algunos de los proyectos que el Gobierno Nacional calificó como de interés nacional, de allí la importancia de la participación de las comunidades.

La Ruta del Sol Sector Tres y la modernización y ampliación del Aeropuerto de San Andrés, también son estratégicos para el Gobierno.

¿CUÁNTO TARDA?

Según el Ministerio del Interior, los tiempos de los procesos de consulta, los cuales han variado de 24 meses a principios del año 2010 a 7 meses en la actualidad, evidenciando una mejora del 71%.

Este avance que puso en marcha el Gobierno Nacional, contribuye a la protección y salvaguarda de los derechos colectivos de las comunidades étnicas y a la activación de proyectos de infraestructura, hidrocarburos, minería y energía en Colombia.

Aun así subsisten las denominadas 'malas prácticas' que consisten en suministrar información incompleta o restringirla; irrespetar los tiempos, falta de claridad en la representación de las comunidades; desconocer los usos y costumbres de las comunidades.

LICENCIAS EXPRESS

La polémica decisión del presidente Juan Manuel Santos y del ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, de acelerar la expedición de los permisos ambientales para megaproyectos petroleros, mineros y de infraestructura, ha despertado críticas en el país.

Para ambientalistas y líderes sociales, la propuesta para reducir los tiempos de las licencias sacrificaría la rigurosidad, para algunos inexistentes, en la inclusión de las comunidades indígenas, ya que ahora el trámite pasaría de demorarse cerca de 24 meses a 3,5 meses.

Para el senador Jorge Enrique Robledo esas licencias ambientales “no existen para estorbarles a las empresas que hacen las cosas bien, sino para protegernos de las que lo hacen mal”.

Por el contrario, gremios y empresarios aprueban la medida ya que para ese sector representa un ahorro de tiempo y dinero, pues tan solo los petroleros aseguran que por la demora del trámite no han llegado a la meta del millón de barriles.

Así las cosas comunidades, negritudes y minorías continuarán a la espera de que el presidente Santos cumpla con la promesa de dar trámite a la reglamentación de las consultas previas, iniciativa que también ha mencionado el vicepresidente Germán Vargas Lleras, al considerar que el mecanismo, más que participativo, se ha vuelto ‘extorsivo’.