
CYNTHIA DE BENITO
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La sociedad colombiana asumió ayer sin sorpresa el retraso de la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc, que las partes programaron para ayer 23 de marzo y que hace semanas admitieron que sería imposible de lograr en esta fecha.
Pese a que la firma de la paz ayer ya estaba descartada, existía la esperanza de que las partes anunciaran al menos algún avance en el punto que falta, sobre el fin del conflicto, pero los negociadores que siguen reunidos en La Habana no han dicho de momento nada al respecto.
"Se veía venir", dijo José Francisco Serna, un bogotano que cree que aún falta bastante para que se concreten los puntos del acuerdo de paz que Gobierno y guerrilla negocian desde noviembre del 2012 en la capital cubana.
Otro ciudadano, Diego Romero, apuntó que un proceso de paz no es algo que se decide en dos o tres meses, especialmente cuando se trata de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.
Son algunos ejemplos entre el 80% de los colombianos que, según una reciente encuesta, no confiaba en que la fecha se cumpliera.
Burlas
Descartada pues la sorpresa y en medio del silencio total del Gobierno, la esperada fecha del 23 de marzo se ha convertido en motivo de broma y de críticas en las redes sociales al presidente, Juan Manuel Santos.
La etiqueta de Twitter #SantosElTal23NoExiste se convirtió ayer en tendencia en esa red social, en una analogía con el comentario que hizo el presidente en agosto del 2013 para descalificar una huelga campesina, de la cual dijo entonces: "el tal paro agrario no existe".
Todo porque el mandatario anunció con pompa el pasado 23 de septiembre en La Habana, después de reunirse con el líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que habían acordado firmar como tarde el 23 de marzo.
"Hemos acordado que a más tardar en seis meses deben concluir las negociaciones. Es decir, que a más tardar el 23 de marzo del 2016 debe estar firmado el acuerdo final", declaró entonces Santos, que ayer permaneció en silencio.
Tras ese anuncio, que estuvo acompañado por un histórico apretón de manos entre ambos, varios analistas advirtieron que poner un plazo límite tanto ante los colombianos como ante la comunidad internacional era un arma de doble filo para las negociaciones, a las que se añadió presión para concluirlas en medio año.
Sin embargo, el reloj no corrió al mismo tiempo para los negociadores del Gobierno y las Farc, como hizo notar ayer el director del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, Alejo Vargas.
Y es que para la guerrilla los seis meses comenzaban a partir del momento en que se cerrara el acuerdo de justicia transicional, que se anunció el 23 de septiembre pero que, recuerda Vargas, no estuvo completo hasta el pasado 15 de diciembre.
"En la práctica, para las Farc el 15 de junio sería la fecha límite", comentó.
A este aparente desfase en el calendario se unen las diferencias por el quinto y último punto de la agenda, que incluye el desarme y desmovilización de los guerrilleros, entre otros asuntos.
Obstáculos
Aunque no se han revelado mayores detalles, para nadie es un secreto que las zonas en las que las Farc se concentrarían para dejar las armas son entre los principales escollos en este punto, en el que la guerrilla pide tantas áreas como frentes tienen, en tanto que el Gobierno prefiere que sean menos de 10 para garantizarles una mayor seguridad.
"No pudimos ponernos de acuerdo para esta fecha. Como lo hemos venido comentando, los retos que hemos venido afrontando son difíciles, no hemos encontrado acuerdo sobre puntos que son vitales para poder sellar el fin del conflicto", comentó ayer el negociador de las Farc, alias Pablo Catatumbo.
Para tratar de desbloquear las diferencias que amenazaban con retrasar el acuerdo, Enrique Santos, el hermano del presidente, viajó a La Habana el pasado 14 de marzo para reunirse con los negociadores de la guerrilla, encuentro que la subversión calificó de "constructivo".
Nada trascendió de esa cita, que precedió a la reunión histórica mantenida el pasado lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien se entrevistó en La Habana por separado con las delegaciones del Gobierno y de las Farc.
En esa reuniones se ratificó el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz y su disposición a colaborar en asuntos como la seguridad de las personas que dejen las armas, una posibilidad que, por lo atascado de los diálogos, tardará al menos unos meses más.
Los negociadores del Gobierno como de las Farc trabajan sobre la construcción conjunta de una especie de hoja de ruta para lo que serían las negociaciones de la recta final del proceso.
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