Efe | LA PATRIA | Bogotá
El Estado colombiano tendrá que indemnizar con 920 millones de pesos (unos 446.260 dólares) a los familiares de tres de los militares fallecidos en un ataque de las Farc en 1997 por negligencia de las autoridades, que conocían la posibilidad de que la guerrilla actuase en esa zona.
El Consejo de Estado decidió que la nación deberá responder por el ataque que las Farc realizaron contra la base militar del cerro de Patascoy, en Nariño en diciembre de 1997, en el que fallecieron 11 militares y 18 fueron secuestrados.
Según el fallo emitido por el alto tribunal, se considera probado que el Estado cometió negligencia porque conocía testimonios de personas que informaron sobre la posibilidad de una acción guerrillera y no tomaron las precauciones necesarias.
Fallas
Asimismo, durante el proceso judicial se escucharon testimonios de militares que sobrevivieron al ataque y explicaron que las condiciones de la base no eran las más adecuadas, llegando incluso a definir su situación como "inhumana".
Por este motivo, el Consejo de Estado determinó que las autoridades debían "evitar los riesgos, debilidades y fallas que se cometieron en la Base Militar del Cerro de Patascoy, que permitió el ataque guerrillero, con el resultado funesto y desafortunado de todos los que resultaron víctimas del mismo".
Y añade que "fue, por lo tanto, la omisión protuberante, ostensible, grave e inconcebible del Estado de la que se desprende su responsabilidad, quien estaba en la obligación de ofrecer".
La sentencia ha tenido gran repercusión en el país porque, además de fijar una indemnización millonaria, ha sentado jurisprudencia al reconocer como víctimas del conflicto a uniformados.
Esta consideración provocó un debate en los últimos meses, toda vez que el país se plantea si los militares deben ser reparados como víctimas en el eventual proceso de justicia transicional que podría llegar si se firma la paz.
Algunos de los militares secuestrados en ese ataque, como el cabo José Libio Martínez, murieron en cautiverio, y otros, recuperaron la libertad después de 12 años en manos de las FARC.
Fue el caso del cabo Pablo Emilio Moncayo, liberado en el 2010, cuyo padre, el profesor Gustavo Moncayo, se hizo conocido por liderar una campaña internacional por la puesta en libertad de los secuestrados.
Farc reconocería víctimas de FFMM
Las Farc aseguran que recocerán como sus víctimas a miembros de las FFMM y la Policía si se comprueba que hubo violación del Derecho Internacional Humanitario, al igual que piden la creación de una comisión especial que estudie el caso de los prisioneros políticos.
“Por tanto, son víctimas únicamente en la medida que hayan padecido comprobadas infracciones al DIH aplicable a los combatientes, por lo que su tratamiento no puede ser equivalente al dispensado a las víctimas provocadas entre la población civil no combatiente. En este punto se tendrán en cuenta igualmente las normas de la juridicidad guerrillera”, dice el grupo armado.
Dicen que ese tratamiento a los combatientes se plantearía bajo las convenciones I y II de Ginebra, que aplica para los conflictos armados que no son de índole internacional.
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