Colombia convoca tras 4 años la comisión de seguimiento del acuerdo de paz

EFE | LA PATRIA | Bogotá

El Gobierno colombiano volvió a instalar la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, que llevaba paralizada 4 años y que vela, en conjunto con la extinta guerrilla de las Farc y la sociedad civil, por la correcta implementación de los puntos del acuerdo de 2016.

En la instalación este domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, explicó que "esta comisión había sido suspendida durante 4 años por el Gobierno pasado y no se volvió a reunir formalmente", por lo que no había una vigía correcta de si se estaba cumpliendo lo firmado en el acuerdo de paz.

"Es una comisión que hace seguimiento para hacer revisión constante de cumplimientos, incumplimientos, avances", explicó el ministro de Interior, Alfonso Prada, quien aseguró que en dos semanas habrá una segunda sesión "para comenzar a trabajar en forma con la coordinación que debe haber entre el partido Comunes (el formado por exintegrantes de las Farc) y el Gobierno".

"Esfuerzo presupuestal"

Petro aseguró que hay que comenzar con impulsar el primer punto del acuerdo, el que habla de la reforma rural integral agraria, que, según aseveró, no se ha avanzado "nada" en los cuatro años de la presidencia de Iván Duque que "tomó la decisión de no cumplir los acuerdos de paz".

Además, según sus palabras, Duque nunca pensó cómo se podía llegar a cumplir ese punto, quizás el más complejo pues la tierra es una de las raíces más profundas e históricas del conflicto armado colombiano, y por ello no se "construyó un fondo o algo que avanzará o algún sistema de endeudamientos interno o de consecución de recursos adicionales".

Por ello apostó por la reforma rural que quiere sacar adelante su Gobierno, para repartir títulos de propiedad y para ello comprar hasta 5 millones de hectáreas de tierra para venderla a menor precio a campesinos o pequeños y medianos empresarios.

Un fondo que "permitiera comprar paulatinamente y no en un lapso de 30 años -los actuales campesinos estarán muertos en esa época- sino para dentro de aquí a cuatro años, 30 millones de hectáreas", explicó Petro, lo que calcula que necesitará una "inversión de 30 a 60 billones de pesos (de 6.600 millones a 1,3 billones de dólares)".

"Debemos aceptar que hay que hacer un esfuerzo presupuestal para comprar las tierras", pidió durante el acto celebrado en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el que habló sobre replantear la estructura de gasto público en Colombia y deseó que "ojalá" haya "un incremento del impuesto a la tierra de gran posesión fértil pero improductiva".

"Vale la pena una posibilidad de endeudamiento mayor del Gobierno para cumplir los acuerdos de paz de las Farc", aseguró. "Vale la pena comprar 3 millones de hectáreas de tierra y entregárselas al campesinado dentro de la frontera agraria para aumentar la producción de alimentos en Colombia, y por tanto, bajar el precio de los alimentos".

"No matarás"

Junto a este impulso, el Gobierno se ha adherido a una iniciativa que llega desde la esfera civil: "No matarás". Un llamamiento al cese de la violencia a los actores armados y criminales, que según el Alto Comisionado de Paz del Gobierno, Danilo Rueda, ya está mostrando resultados.

"Los indicios están demostrando que hay una reducción en asesinatos, torturas y desapariciones forzadas a lo largo y ancho del país", dijo Rueda tras el acto, quien lo relacionó con el "compromiso que han asumido los diversos grupos armados que quieren ser parte de la paz total".

"En estas semanas de gobierno la primera fase para ser parte de la paz total es que el grupo armado asuma el compromiso de cero asesinatos, cero desapariciones, cero torturas y en la medida en que les sea posible evitar confrontaciones armadas", dijo Rueda, quien a principios de esta semana aseguró que ya hay diez grupos armados y bandas criminales que han ordenado un cese al fuego entre sus filas.

Y esto ha provocado que, según Prada, haya "una baja de homicidios sensible casi que de un 45 % aproximadamente", lo que al Gobierno le permite "pensar que vamos en el camino correcto".