Laura Barros
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El departamento de Chocó, históricamente afectado por el olvido estatal, es escenario de una disputa por territorios de los que salieron las Farc y una prueba de los retos que tiene Colombia antes de ver cristalizada su pacificación.
Seis meses después de concretarse un acuerdo de paz con las Farc, esta región, que limita con Panamá y tiene costas en los océanos Atlántico y Pacífico, vio multiplicadas sus aflicciones por las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y bandas criminales de origen paramilitar.
Las denuncias de desplazamientos e intimidaciones a las comunidades aumentan y ganan terreno la explotación minera ilegal que amenaza el río Atrato y el secuestro, el más reciente perpetrado el pasado domingo.
Ese día presuntos integrantes del Eln, guerrilla comprometida desde febrero pasado en diálogos de paz con el Gobierno colombiano que se celebran en Quito (Ecuador), retuvieron a ocho personas, quienes quedaron en libertad dos días después ante la presión del Ejército.
Condiciones adversas
"El Chocó está en una condición de infrahumanidad", dijo Dilon Martínez, secretario ejecutivo del Comité Cívico Departamental por la Salvación y Dignidad del Chocó, organización que lidera desde el pasado miércoles una huelga indefinida para exigir al Gobierno que cumpla los compromisos que asumió en agosto del año pasado.
A los chocoanos les prometieron atender las necesidades en educación, vías, salud, la controversia con Antioquia por los límites de Belén de Bajirá, servicios públicos, deportes, alternativas productivas, reingeniería institucional, comunicaciones y políticas públicas, derechos humanos y seguridad.
Pero, según Martínez, el Gobierno "no ha cumplido sino un 5%" del acuerdo después de ocho meses.
El dirigente apuntó que, además de los problemas de seguridad, sufren la falta de infraestructura educativa y de salud, así como por carreteras escasas y en malas condiciones.
Aumentan víctimas
"Tenemos un contexto de crisis humanitaria muy grave, porque no solamente el conflicto armado interno está matando y poniendo en riesgo los derechos de la población civil sino también un vacío o una debilidad en la garantía de derechos que está en cabeza del Estado", advirtió el defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo.
Murillo advirtió también que los ataques contra integrantes de la fuerza pública "están expresando un total agravamiento del contexto humanitario" y del conflicto armado interno.
"Esto ha arrojado en cuatro meses de este año más del doble de las víctimas que tuvimos en los años anteriores, hablando en términos de confinamiento, de desplazamiento, de secuestrados, de accidentes por artefactos explosivos y de afectaciones e intimidaciones a líderes y lideresas sociales", añadió.
Pobreza sin límite
Chocó cerró 2015 con un índice de pobreza extrema de 37,1% y de pobreza del 62,8% frente al 7,9% y 27,8% que tiene el país, según cifras oficiales.
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